Cuentas claras conservan la amistad, dice el conocido refrán. Bien podría aplicarse al caso que nos ocupa, si se aclara que la relación que se intenta preservar es la de los representantes con sus representados.
La aprobación, días pasados, de la ley que regula el acceso a la información pública, instrumento de transparencia que promueve la participación ciudadana en el control de la administración pública, puede inscribirse en este intento. Y por lo tanto debe celebrarse como un avance democrático.
La norma obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.
Muchas controversias que hoy forman parte del debate público, y están, incluso, inmersas en expedientes de causas penales por corrupción, podrían haberse dirimido hace rato si la herramienta se hubiese puesto en vigencia hace quince años, cuando se empezó a debatir.
Habrá que decir, de todos modos, que la sanción de la norma lejos está de garantizar por sí sola transparencia. Pero la importancia radica en que permite que cualquier ciudadano acceda a los datos que solicite, y en un plazo perentorio.
La sanción fue posible por el apoyo de la gran mayoría de los diputados. Solo 16 legisladores se opusieron, pero el rechazo no se fundamentó en el proceso de apertura informativo, sino porque quería que la ley fuese más abarcativa e incluya, además, a las empresas del Estado, como lo planteaba el proyecto que había salido de la Cámara de Senadores. De haber prosperado esta iniciativa, YPF debería hacer públicas las cláusulas secretas de su acuerdo con la empresa Chevrón, que no quisieron revelan ni el gobierno anterior ni el actual.
La ley fue saludada con entusiasmo por las organizaciones que promueven la transparencia en la gestión pública. Amnistía Internacional Argentina la consideró "un instrumento fundamental para la defensa y protección de los derechos humanos”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de la ONG, señaló que "esta ley era una deuda de la democracia, que el Congreso finalmente saldó, dando un gran paso hacia la ampliación de derechos de los argentinos, garantizando mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad en asuntos públicos”.
La norma recientemente sancionada amplía los organismos encargados de la difusión de la información, pues incluye no solo a los organismos del Estado sino también al Consejo de la Magistratura, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, y a entidades privadas que manejen fondos públicos.
Los instrumentos que promueven la transparencia de la gestión pública se han multiplicado en los últimos años con el aporte imprescindible de las nuevas tecnologías. Pero este avance es, sin lugar a dudas, el más trascendente.
Lo ideal sería que quienes ostentan cargos de representación política no necesiten de obligaciones normadas para ser transparentes, pero la experiencia histórica que este tipo de herramientas son, más que necesarias, imprescindibles.
