Los incidentes que enmarcaron la detención del supuesto narcotraficante Ariel Alanís en la madrugada del último domingo habilitaron maniobras políticas tendientes a distorsionar la discusión...
Los incidentes que enmarcaron la detención del supuesto narcotraficante Ariel Alanís en la madrugada del último domingo habilitaron maniobras políticas tendientes a distorsionar la discusión sobre el narcotráfico y sus consecuencias, en una nueva intentona de algunos sectores del oficialismo para cambiar el Poder Judicial. Que el servicio de Justicia es en Catamarca deficiente no configura novedad alguna, de modo que son pertinentes las propuestas que propendan a modificar tan lamentable circunstancia, incluidas eventuales remociones a través de los mecanismos institucionales establecidos. No se inscribe en semejantes parámetros el operativo desplegado desde la Cámara de Diputados a partir del caso Alanís. Como todo el mundo sabe a esta altura, el presunto narco fue detenido junto a su abogado defensor, Luciano Rojas, y el abogado Miguel Leiva, hijo de la integrante de la Corte de Justicia Amelia Sesto de Leiva, en el boliche Cuba's. Eran las 5.30 de la madrugada y las copas habrían hecho su efecto. Según dicen, el joven Leiva amenazó con utilizar sus influencias -deducen los diputados que se trata de la relación con su progenitora- para dejar sin empleo a los policías que procedieron a la detención. De ser así, se trataría de un desatino similar al de su colega Rojas, que habría tratado de impedir el arresto. Las supuestas advertencias no tuvieron efecto alguno: sospechoso y abogados fueron presos con pitos y flautas.
Concluyen los diputados que la madre debe hacerse cargo de las presuntas manifestaciones del hijo, que es mayor de edad y abogado. Por el exabrupto de Leiva, hay que remover al Poder Judicial que sectores del oficialismo consideran podrido hasta la médula sin haber planteado hasta la fecha ninguna acusación concreta donde corresponde. El escandalete bolichero les sirve para retomar una vieja teoría de un diputado de la Renovación Peronista para cooptar el Poder Judicial. El argumento no considera que la Justicia local carece de facultades para remover policías y no interviene en la causa en la que está involucrado Ariel Alanís, que lleva adelante la Justicia Federal. Solo un imbécil podría asustarse de las bravuconadas que hipotéticamente profirió el joven Leiva, y menos habrían de asustarse los curtidos policías provinciales, a quienes por otro lado Alanís se les estuvo escapando durante casi dos años. Tampoco tienen en cuenta quienes concentran el fuego en Leiva, su madre y las influencias inconducentes en la Justicia Federal, que el abogado defensor de Alanís es Luciano Rojas, quien fuera designado como asesor del Ministerio de Gobierno cuando esta cartera era conducida por el hoy intendente de Pomán, Francisco Gordillo, y luego desplazado por presiones políticas para ir a recalar finalmente como juez de Faltas en la Municipalidad de Santa Rosa que administra el inefable Elpidio Guaraz. Si de subrayar anécdotas se trata, ni siquiera hay que detenerse en las acusaciones públicas del senador nacional Oscar Castillo, que relacionó a Gordillo con Alanís: Alanís compró una camioneta que era del ex ministro de Gobierno.
Acá no están en juego Leiva y Rojas y sus respectivos prestigios. Si a los diputados les interesa profundizar en tales cosas, ahí está el Colegio de Abogados para que hagan las acusaciones que estimen oportunas. Lo medular, de todos modos, es el narcotráfico en expansión y las redes que lo protegen desde el Estado. Las correrías nocturnas de dos abogados, incluso si en efecto estaban con Alanís, son un dato muy menor. Habría que preguntarse si estos profesionales están en condiciones de brindar cobertura a narcotraficantes con sus supuestas influencias. La Policía provincial depende del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Seguridad, no de la Justicia local, y las causas por tráfico de estupefacientes se siguen en el fuero federal. Si Leiva y Rojas pueden manejar la Policía y la Justicia Federal, los diputados deberían dejar de preocuparse por la Justicia local para abordar una descomposición social e institucional de tal calibre que ha permitido alcanzar tamaña influencia a unos cuatro de copas.
