El abogado exonerado y luego sobreseído por falta de pruebas, Paulo Ibañez, apuntó a la gestión de Marcos Denett, que lo exoneró.
El abogado Paulo Ibáñez, que fue exonerado de la administración pública y luego sobreseído en una causa vinculada al Registro de la Propiedad, demandó a Fiscalía de Estado por daños y perjuicios tras haber sido señalado como uno de los responsables de un escándalo relacionado con la registración de bienes inmuebles vinculados a Edgar Bacchiani.
La causa se inició a fines de abril de 2022, cuando la entonces directora del Registro de la Propiedad, Claudia Patricia Valdés, denunció que una auditoría sobre los sistemas registrales había detectado una “anomalía”. Según la presentación, alguien había omitido cargar dos matrículas catastrales correspondientes a inmuebles adquiridos por Bacchiani, quien había sido detenido por orden de la Justicia Federal el 22 de abril de ese mismo año.
La denuncia alcanzó a Ibáñez y a sus dos subalternas, Andrea Pacheco y Norma Bravo. La investigación penal quedó a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, mientras que la Dirección de Sumarios Administrativos, dependiente de Fiscalía de Estado, abrió actuaciones administrativas contra los tres sospechosos.
En mayo de 2022, Barros Jorrat imputó a los tres como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Dos años después, en agosto de 2024, Ibáñez fue exonerado mediante un decreto firmado por quien en ese momento se desempeñaba como fiscal de Estado, Marcos Denett, que además se encontraba a cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo.
A pesar de haber compartido la misma imputación, las dos empleadas continuaron trabajando y solo fueron sancionadas con días de suspensión, mientras que Ibáñez, fue echado de la administración pública.
Los tres fueron enviados a juicio, pero tras varias instancias judiciales, el abogado fue sobreseído por falta de pruebas y la contradictoria decisión de Fiscalía de Estado, que no asistió a una audiencia en la Cámara de Apelaciones que ese mismo organismo había solicitado, lo que dejó firme el sobreseimiento.
Actualmente, Fiscalía de Estado está a cargo de Nicolás Rosales Matienzo, quien inició un sumario administrativo contra los abogados Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, quienes debieron asistir a la audiencia en representación de los intereses del Estado provincial.
Una demanda, muchos daños
Poco después de comenzada la causa penal, Ibáñez inició una demanda civil contra la Provincia por los perjuicios sufridos, asegurando que padeció un “daño psicológico extremo”, y que la situación vivida en los últimos cuatro años afectó gravemente su imagen personal y familiar.
“Si hay algo que traté de cuidar en todos estos años fue, más que nada, mi integridad moral. Vengo de una familia de trabajo y honradez y siento que con todo lo que pasó mancharon el nombre de mi persona y de mi pasado”, remarcó.
También afirmó que el proceso truncó proyectos personales y profesionales, ya que al momento en que comenzó la causa acababa de recibirse de abogado.
Ibáñez señaló además que sus hijos “tuvieron que soportar distintos comentarios”, y sostuvo que el allanamiento realizado en la casa de su madre fue “devastador” para la familia.
Al sostener que fue víctima de una falsa acusación y que sirvió como “chivo expiatorio”, responsabilizó “en primer lugar a la directora Patricia Valdés” y también apuntó contra la Dirección de Sumarios Administrativos y el entonces fiscal de Estado, Marcos Denett.
Afirmó además que durante el proceso “violaron hasta las leyes en cuanto a perspectiva de género”, al cuestionar que sus dos compañeras conservaran sus puestos mientras él fue exonerado. “¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revé, si un hombre hubiera estado en el cargo de Valdés y dos hombres quedaban trabajando mientras una mujer era exonerada?”, planteó.
“En síntesis, soy diabético, sufrí daño psicológico, daño patrimonial y daño moral. He tenido pánico para salir a la calle, temiendo de que todo el mundo me señalara porque cualquier cosa que alguien hubiera hecho en favor de Edgar Bacchiani, en ese momento era prácticamente un enemigo público por todo lo que había significado el desfalco que había realizado a la mayoría de habitantes de la provincia", finalizó.
