Lamentable. La incompetencia judicial es cómplice de malandrines a los que libera en pocas horas.
29 de abril de 2026 - 00:52
Las expectativas que se generaron tras la rápida captura e identificación de los integrantes de un grupo dedicado al robo se estrellaron contra la inoperancia del sistema judicial. Los delincuentes estaban perfectamente individualizados y establecidos sus roles en un esquema que incluía el hurto y la posterior reducción del fruto de los ilícitos, pero todos fueron liberados pocas horas después de la detención y las promesas de los funcionarios judiciales de profundizar las pesquisas quedaron en la nada.
La Policía había atrapado a los ladrones, que admitieron su responsabilidad. También encontraron los elementos robados en el local del reducidor, pero para los investigadores no parece ser suficiente.
La apuesta de miembros del Poder Judicial cuyo compromiso con las funciones que cumplen resulta inversamente proporcional a los emolumentos y gangas que embuchan es obvia: inocular un sentimiento de impotencia en las víctimas de estos malandras, para que dejen de incordiarlos con pedidos de medidas y poder ellos continuar con su cómoda vida de burócratas.
Nada pueden hacer los damnificados, más que internarse en un purgatorio de trámites inoficiosos, útiles solo para engordar expedientes. Una vez que el hartazgo los hace desistir de gestiones, los fiscales quedan en condiciones de archivarlos con absoluta impunidad.
La inoperancia judicial estimula el delito en lugar de disuadirlo. Ni con todas las pruebas en la mano la Justicia logra sancionar a los ladrones. La inoperancia judicial estimula el delito en lugar de disuadirlo. Ni con todas las pruebas en la mano la Justicia logra sancionar a los ladrones.
Mientras estas taimadas amansadoras se aplican a los denunciantes, los malvivientes continúan con sus incursiones sin ningún tipo de inconvenientes, seguros de que, en caso de que los pillen, así sea “in fraganti”, contarán con la cómplice incompetencia de la Justicia para salir otra vez libres y proseguir con sus fechorías.
No cabe más que felicitar a las autoridades y funcionarios judiciales por el éxito que vienen construyendo en tren de procurarse una existencia a resguardo de gente molesta. Se extiende en la sociedad la convicción de que recurrir al servicio de Justicia es no sólo inútil, sino también garantía de ser sometido a todo tipo de desconsideraciones, en un régimen cuyos integrantes actúan a regañadientes y como si les estuvieran haciendo algún favor. Total, lo mismo les van a depositar sus sueldos puntualmente a fin de mes.
Este meritorio logro de la casta judicial tiene su correlato en la sistematización de las depredaciones. Al no hacer nada, la Justicia estimula el delito en lugar de disuadirlo. Delinquir no acarrea consecuencias para los delincuentes más gravosas que un breve paso por la comisaría para dejar asentados los datos.
Magistrados satisfechos, malandrines tranquilos y el común de los mortales financiando el círculo vicioso vía impuestos o por el robo de sus pertenencias.
Al Gobierno, que tan interesado está en atraer inversiones productivas, le convendría tal vez considerar los efectos que tan edificantes circunstancias tienen en el escenario general.
Que las transgresiones al Código Penal puedan perpetrarse con tanta facilidad y sin mayores consecuencias es ya un elemento que ha de incluir entre sus consideraciones cualquier interesado en hacer inversiones en la provincia. Sería una suerte de “costo catamarqueño” adicional.
Hecha eventualmente la inversión, el audaz quedará entrampado en el circuito delictivo-judicial provinciano y habrá que ver hasta cuándo lo tolera sin desistir para emigrar con su capital a otras geografías menos hospitalarias con los amigos de lo ajeno.
Ni haciendo ellos mismos el trabajo que le corresponde a la Justicia pueden estar seguros de que sus victimarios serán sancionados como corresponde. Por el contrario, a esta altura del partido, parece que los premiaran por su pertinaces hazañas.
