A propósito de haberse celebrado la semana pasada el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes, expertas en la temática reunidas en un foro reclamaron que el Congreso de la Nación sanciones una ley específica contra la violencia sexual en la infancia. El propósito de la sanción de esta norma es garantizar a las víctimas protección legal y acceso a la justicia.
El foro se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires y fue organizado por Aralma, una ONG dedicada a la asistencia, investigación y capacitación en infancia, adolescencia y familias. Una de las principales impulsoras de la iniciativa es la socióloga e investigadora Dora Barrancos, que explicó las razones de la demanda: “Necesitamos una ley específica que tipifique las violencias contra las infancias. Con esto no vamos a resolver el abuso sexual infantil, pero el sentido simbólico de la ley es muy importante porque hace mella en la sensibilidad y el entendimiento de los y las profesionales de la justicia, que es donde tenemos un retraso tremendo”.
Una de las dificultades que existen para dimensionar la envergadura del problema es la falta de estadísticas certeras. Según la incompleta información del Ministerio de Justicia, entre 2017 y 2020 se registraron 14.424 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero claramente son datos viejos y con evidentes subregistros. Los casos son muchísimos más, pero no es posible una aproximación confiable a la cantidad porque la gran mayoría de los abusos no se denuncia. Es más, a veces ni se detecta, porque las chicas y chicos abusados no lo cuentan, o no lo consideran un abuso por la corta edad o la falta de información. Y si toman conciencia del abuso, en muchas oportunidades no se animan a relatarlo, porque el abusador es familiar o alguien del entorno afectivo.
Una de las herramientas que ha facilitado la denuncia de casos de abuso es la Educación Sexual Integral (ESI), que el actual gobierno nacional quiere eliminar. Según datos del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, tres de cada diez niños que denunciaron abusos pudieron contarlo por primera vez después de una clase de ESI.
Otro participante del foro, el psicólogo especializado en violencia de género Matías Rovira, aseveró que “la violencia sexual es el crimen más impune y más silenciado de la historia de la humanidad”. Y añadió en su exposición cifras inquietantes: “Cada mil abusos sexuales en la infancia, se denuncian cien, y de las cien denuncias, se consigue una sentencia”. Es decir, que solo uno de cada mil abusos recibe castigo.
Las normas son muy importantes, pero también la capacitación de los funcionarios judiciales para que asuman en las investigaciones, que pueden dispararse por denuncias o por oficio, una postura que contemple por sobre todas las cosas los intereses de las víctimas. Es decir, que practiquen una justicia con perspectiva de infancia. Las normas por sí solas, sin este enfoque del accionar judicial, pueden convertirse en letra muerta.
