Los invisibles. Sufren de violencia psicológica, verbal, física y patrimonial, y suelen ser invisibilizados.
Golpes, insultos, abusos y otros malos tratos son sufridos por personas que debieran ser cuidadas por su entorno familiar. Como sucede con niños, niñas y adolescentes (NNyA), las personas adultas mayores suelen ser víctimas de violencia en el ámbito familiar. Esta situación hace que los extremos de la vida tengan más semejanzas que diferencias.
Con frecuencia se denuncian hechos de violencia familiar que tienen a chicos y chicas como víctimas principales. En el transcurso de la última semana, la viralización de un video en el que se mostraba un ultraje hacia una persona adulta mayor volvió a encender las alarmas sobre los cuidados y atenciones para con este grupo social vulnerable.
Consultado por El Ancasti, Eduardo Codevilla, secretario de Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, advirtió que las personas adultas mayores (PAM), al igual que chicos y chicas y las personas con discapacidad conforman un grupo de personas que requieren una tutela especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad. “La vulnerabilidad está asociada a la condición evolutiva, ya que se encuentran atravesando un proceso gradual de cambios en diferentes niveles, biológico, psicológico, social y funcional. En muchos casos nos encontramos con personas que requieren de asistencia. Es una población dependiente que necesita del ‘otro’ para poder desenvolverse y llevar una vida digna”, explicó.
A la vez, remarcó que, dada esta vulnerabilidad en la que se encuentran, pueden ser víctimas de violencia en diferentes ámbitos sociales. “Generalmente se manifiesta dentro de su núcleo familiar, denunciado en su mayoría por otro miembro familiar. Desde nuestro organismo tenemos la facultad de actuar de oficio cuando tomamos conocimiento de alguna situación irregular. También se realizan denuncias en la Unidad Judicial de Violencia y nos dan participación a través de oficios para diseñar una estrategia destinada a la restitución de los derechos vulnerados. Es importante que la sociedad se involucre y ponga en conocimiento de las autoridades aquellas situaciones que den cuenta de un riesgo en la dignidad o bienestar de nuestros adultos mayores, pasando de ser simples espectadores a protagonista de una solución”, consideró.
En relación con los casos receptados, indicó que la mayoría de los casos, por una cuestión demográfica, se da en la Capital. En el interior es recurrente intervenir por actuaciones asistenciales de manera coordinada con los municipios, contó. “Puede ocurrir que a partir de esa intervención se detecte algún tipo de vulneración o delito y consecuentemente se dé inicio a las acciones correspondientes”, precisó.
En este sentido, remarcó que las violencias más denunciadas son los malos tratos, abandono, incumplimiento de los deberes asistenciales del vínculo familiar y abusos.
“En un primer momento, tomamos contacto con el adulto mayor y constatamos la situación de riesgo. Luego procedemos a realizar un tratamiento asistencial y coordinamos con la Fiscalía o Juzgado interviniente a los fines de implementar las medidas correspondientes para el caso concreto, a través de un acto administrativo”, explicó.
A finales de 2018 en Catamarca entró en vigencia la Ley Provincial 5568 de Regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. La normativa catamarqueña se encuentra en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ésta cuenta con rango constitucional, a través de la Ley Nacional 27360, de mayo de 2017.
Dadas las semejanzas con NNyA –amparados por la Ley Provincial 5357 que estipula la creación del Sistema Integral de Protección-, las PAM también cuentan con su propio sistema. La Dirección de Adultos Mayores tiene a su cargo un equipo interdisciplinario que se ocupa de restituir derechos vulnerados, señaló. “Es responsabilidad nuestra, como Estado, y el mandato que nos encomendó el ministro Maximiliano Rivera de poder efectivizar las políticas públicas destinadas a las poblaciones más vulnerables”, comentó.
Sobre las obligaciones de la familia para con las PAM, el secretario indicó que conforme con lo establecido por el Código Civil y Comercial de Nación, “los parientes, ascendientes y descendientes se deben alimentos entre sí. El término alimentos comprende a todo lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica. Asimismo, los hijos tienen la obligación de prestar colaboración a sus progenitores y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida”.
En este contexto, sobre la situación en que PAM llegaron al Hogar de Ancianos Fray Mamerto Esquiú, se detalló que la mayoría “se encuentra en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, con un elevado riesgo social y sanitario. Generalmente, no tienen una red de contención familiar o presentan limitaciones funcionales asociadas a patologías o enfermedades propias de la edad, por lo que necesitan de un resguardo asistencial permanente”
“La principal forma de maltrato es la que se ejerce en el hogar”, había advertido oportunamente la asesora de Menores Daniela Faerman Cano. Había explicado que la familia es el espacio donde histórica y culturalmente siempre se entendió como un espacio de amor, de cuidado, como lugar de confianza. “Es irónico pensar que precisamente en este marco se produzcan violaciones a los Derechos Humanos”, había destacado. Sus palabras estaban en el contexto del maltrato infantil como problemática social. “Es un problema muy frecuente pero no tiene repercusión porque los niños están en cierto modo invisibilizados”, había advertido.
En tanto que desde el gabinete social se había indicado que las PAM se convierten en rehenes de su propia familia. “En los últimos años se trabajó mucho con otros grupos socialmente vulnerables. Ahora hace falta una fuerte campaña de concientización y visibilización de los derechos de las personas adultas mayores. No cualquiera está capacitado para abordar una situación de vulneración de adultos mayores”, se había advertido.
En 2020, durante la pandemia, las PAM, por protección, sufrieron más el distanciamiento y aislamiento social. “Hay muchos casos de violencia psicológica, verbal y patrimonial. Las violencias más invisibles. En algunos casos, les sacan el documento o tarjeta de cobro. No tienen manejo de su jubilación. Los despojan de la titularidad de su casa; los invaden. Esas violencias, diarias, sostenidas y crónicas están invisibilizadas. Es necesario tener una línea de visibilización y concientización comunitaria”, habían detallado.
Teléfono
Ante la sospecha de que una persona mayor pueda ser vulnerada en sus derechos, se debe llamar a la Línea de Asistencia y Protección al 3834318660.
