La anunciada obra de la reversión del Gasoducto Norte, que fue anunciada hace ya casi un año por el Gobierno nacional, está paralizada por la falta de pago a la empresa contratista Esuco. El ambicioso proyecto, una de las escasísimas obras de infraestructura iniciada durante la gestión libertaria, es clave para abastecer del fluido de Vaca Muerta a la región norte del país, con beneficios concretos para un conjunto de provincias, entre ellas Catamarca.
La firma que ganó la licitación, cansada de intimar al gobierno por el atraso en los pagos, comunicó en los últimos días que si no hay una decisión oficial de restablecer el flujo de aportes según lo establecido en el contrato firmado oportunamente, desistirá de continuar con la obra, lo que significaría una medida difícil de explicar para la gestión del presidente Javier Milei, que no cuenta prácticamente con obras que pueda exhibir como sustento de una pretendida preocupación por el desarrollo nacional.
El financiamiento de la reversión del Gasoducto Norte, emprendimiento que había sido licitado durante el gobierno de Alberto Fernández, rompió con la lógica impuesta por el discurso de “no hay plata” tal vez porque precisamente la obra permitirá no solo ahorros significativos por importación de gas, sino además acumular ganancias por la exportación del producto. De todos modos es preciso aclarar que cuando Milei asumió la Presidencia de la Nación, los recursos para financiar la obra estaban asegurados por un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El Gasoducto Norte es una obra complementaria del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) que cuando esté finalizado habilitará, según remarca un informe de la empresa estatal ENARSA, el transporte de gas del yacimiento neuquino para abastecer a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades fabriles, en especial la minería de litio. Pero, además, la obra proveería de energía eléctrica a todas estas provincias.
A partir del ultimátum de la empresa, al Estado nacional le quedan dos alternativas: o empieza a regularizar los pagos o cancela la obra. La primera opción es de difícil resolución en virtud de que el gobierno de La Libertad Avanza profundizará las medidas de ajuste para cumplir con las metas acordadas con el FMI, en un contexto de fuerte caída de la recaudación fiscal por la recesión autoinflingida. Pero también resultaría insostenible el aplazamiento de la obra porque compromete el abastecimiento de gas para el invierno del año que viene a la mitad norte del territorio nacional, lo que obligaría a importar gas a un costo mucho mayor que la deuda que el Estado nacional mantiene con Esuco en la actualidad.
En esta encrucijada se encuentra el gobierno nacional como consecuencia de no asumir con convicción que las obras de infraestructura estratégicas no pueden quedar supeditadas a los criterios mezquinos de un ajuste, porque soslaya que este tipo de inversiones redundan, en el mediano plazo, en resultados positivos en términos de desarrollo nacional pero también de ahorro de recursos fiscales.
