El diputado provincial Alfredo Marchioli y el concejal capitalino Fernando Navarro, ambos de la UCR, elevaron una presentación formal al Ministerio de Hacienda para exigir la "eliminación inmediata" de la tasa de fiscalización que aún se incluye en las facturas de energía eléctrica, pese a que el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) fue disuelto por decreto.
La solicitud presentada por ambos legisladores apunta directamente a lo que consideran una práctica ilegal: el cobro de un concepto que ya no tiene razón de ser. "La tasa fue creada para financiar el funcionamiento del ENRE, pero el organismo dejó de existir tras la decisión del Ejecutivo provincial. Por lo tanto, no hay ninguna justificación legal ni administrativa para seguir aplicando ese cargo", cuestionaron.
Marchioli sostuvo que "en un contexto donde cada peso cuenta, es inaceptable que se mantenga este tipo de abusos que afectan directamente el bolsillo de los catamarqueños". "Se trata de un impuesto encubierto que no responde a ningún servicio prestado. Es lisa y llanamente una estafa institucionalizada", apuntó.
En la misma línea, Navarro destacó que "la ciudadanía ya no tolera más atropellos disfrazados de tributos". "Desde nuestro lugar vamos a seguir reclamando cada injusticia. Porque no se trata solo de tarifas, sino de defender principios básicos como la legalidad, la transparencia y el respeto al contribuyente", remarcó.
Ambos referentes de la oposición coincidieron en que esta situación "debe corregirse de inmediato" y advirtieron que insistirán con medidas legislativas y administrativas hasta que se elimine por completo este ítem de las facturas. "Decimos basta de cobros ilegales, basta de castigar a los usuarios. Queremos una energía con tarifas justas, transparentes y accesibles para todos", concluyeron.
El lunes pasado, ambos presentaron en la Corte de Justicia una acción de amparo contra lo que consideraron el cobro indebido de la tasa de ocupación del espacio aéreo en las boletas del servicio eléctrico.
Plantearon que la tasa debería ser afrontada por la empresa distribuidora y no por los usuarios, como ocurre actualmente: la EC SAPEM discrimina ese concepto y se lo cobra a cada contribuyente.
