El juez Héctor Rodolfo Maidana les confirmó la detención. Permanecerán en comisarías.
Federico Gabriel Salguero, Ramón Alejandro Vielmetti, César Gustavo Navarro, Walter Jesús Cannata y Carlos Alberto Gualquifil seguirán privados de la libertad, pero no serán trasladados al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Esto se debe a que en los próximos días los remiseros serán requeridos para diferentes pericias que deben realizarse en el marco de la investigación. Ayer, el juez de Control de Garantías Nº 1, Héctor Rodolfo Maidana, les confirmó la detención.
En la audiencia de control de detención, el primero en tomar la palabra fue el fiscal de Instrucción Nº 6, Facundo Barros Jorrat. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que se confirme la detención de los acusados. En sus fundamentos remarcó que hay medidas de prueba pendientes de producir. De acuerdo con lo que mencionó, se deben tomar testimonios a testigos. También comentó que se deben hacer las pericias a los celulares de los imputados. Esto es para “recabar información y ver si hay otros partícipes del hecho endilgado”, según Barros Jorrat. Por otra parte, remarcó que a los remiseros les deben realizar las pericias psiquiátricas.
El fiscal consideró que si recuperan la libertad se correría el riesgo de que puedan interferir en los testimonios que deben brindar los testigos, que son vecinos y trabajadores de la zona en donde ocurrió el hecho.
Por último, puso énfasis en la agresión física que sufrió la víctima del robo, Alejandro Borgogno. “No puedo dejar de resaltar el hecho de violencia con el cual se ha llevado a cabo y también que en el momento que llega la Policía, los imputados se suben a un vehículo particular, cuatro de ellos, y se dan a la fuga. El móvil (policial) los pierde de vista y los encuentra otro móvil. En esos términos, entiendo que existe un riesgo procesal concreto de entorpecimiento”, detalló.
Luego, fue el turno de las defensas. El abogado Luciano Rojas, quien junto a su par Leandro Robledo asiste a Salguero, manifestó que no están totalmente de acuerdo con lo que expresó Barros Jorrat “a la hora de dar fundamentos acerca de la medida de coerción”. Para Rojas, Salguero “no ha participado en el hecho que le endilga el fiscal sino que es otro totalmente diferente. Tampoco existe la peligrosidad procesal que el fiscal manifiesta”.
Antes de finalizar, se allanó a lo solicitado por la Fiscalía.
En la causa, Robledo también es defensor de Gualquifil y Cannata. Como abogado de ellos, consideró que no existe riesgo procesal. Además, dijo que es un “sinsentido” mantener la medida de coerción en contra de los trabajadores del volante. Para Robledo, esto debería quedar sin efecto y, por lo tanto, los sospechosos deberían recuperar la libertad. Según el letrado, los encausados no tienen antecedentes penales. Al igual que Rojas, se allanó a lo que pidió Barros Jorrat.
El defensor Martín Villagra, quien representa a Navarro y Vielmetti, se allanó, pero solicitó que los acusados permanezcan detenidos en las comisarías en las que se encuentran actualmente.
Tras oír a las partes, el juez Maidana resolvió confirmar la detención de Salguero, Vielmetti, Navarro, Cannata y Gualquifil.
Los cinco están sospechados de participar en la agresión y el robo de un reloj a Borgogno en la zona oeste de la ciudad.
El hecho, que ocurrió el viernes 1 de marzo, tuvo fuerte repercusión porque un ocasional transeúnte registró el ataque en videos que luego se viralizaron a través de las redes sociales.
Fuentes policiales, judiciales y del Ministerio de Seguridad de la Provincia coincidieron en que el ataque ocurrió aproximadamente a las 11.30 en la esquina de avenida Illia y pasaje Río del Valle, cuando el conductor de Uber llegó al lugar a bordo de su vehículo y fue increpado por los cinco violentos.
La discusión terminó cuando los cinco golpearon al otro hombre, quien, tras perder el equilibrio y caer al suelo, fue atacado y siguió recibiendo patadas y golpes de puño. Momentos antes en las inmediaciones se había llevado a cabo un control vehicular por parte del municipio de la Capital.
Presuntamente, el viaje de Uber fue solicitado para que se inicie en el lugar donde se produjo la gresca.
Por el hecho, el fiscal los acusó por el delito de “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”.
