Aunque Luis Lobo Vergara consiguió mantener la conducción y la integridad del bloque que conduce en la Cámara de Diputados, la fractura que se manifestó en la sanción del convenio por el que Catamarca, Salta, Jujuy y el Gobierno nacional conformaron la Mesa del Litio es demasiado honda como para disimularse con formalidades. Ocho legisladores, más de la mitad de la bancada, decidieron desacatar la decisión del respaldar al Gobierno con estruendo suficiente para dar cuenta de la convulsión intestina.
La maniobra fue coordinada con el peronista disidente Hugo Daniel “Grillo” Ávila, que consiguió la reelección el año pasado y explora alianzas para mantener gravitación, en coincidencia con el recrudecimiento de la crisis de poder nacional tras la renuncia intempestiva de Martín Guzmán al Ministerio de Economía.
Puede haber sido una casualidad, pero en cualquier caso afianzó la convicción de que Raúl Jalil convocará las elecciones provinciales para marzo, para desacoplar su reelección de las turbulencias nacionales. Los cálculos incluyen la posibilidad de una salida anticipada del presidente Fernández, nadie confía en la tregua a la que condescendió Cristina ni en la conducta que vaya a asumir el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
A criterio de los rebeldes, es crucial comenzar a distanciarse sin matices de la administración Jalil y ordenar una propuesta competitiva que jugará huérfana de referencias nacionales. En tal sentido, notan que Ávila demuestra ser mucho más eficaz para juntar votos que el PRO, cuyos referentes se sostienen exclusivamente por la propiedad de la franquicia local.
El eje minero
No es casual que seleccionaran el eje minero para marcar diferencias y abrir una etapa en la que se pondrá particular énfasis las relaciones de los distintos jugadores con el oficialismo.
La participación del diputado macrista Enrique Cesarini como único y primer opositor en la historia de las comitivas gubernamentales a la feria internacional minera de Canadá, con parte de la cual hizo escala a la vuelta en California, encendió las alarmas y precipitó reacciones, pero solo fue el episodio más saliente del trabajo que el Gobierno viene haciendo para blindar una política para la actividad que experimentó cambios importantes desde que Jalil sucedió a Lucía Corpacci: captura de la presidencia de YMAD para Catamarca después de 25 años, fuerte incentivo a los fideicomisos financiados con la renta minera, renegociación de los contratos con las firmas litíferas, depuración del padrón minero, reforma del Código para transferir prerrogativas judiciales al Ministerio de Minería, desembarco en la Secretaría de Minería de la Nación con Fernanda Ávila, quien sobrevivió a la renuncia de Matías Kulfas en Producción y sigue con Daniel Scioli.
El respaldo más notorio desde la oposición lo presta el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, prácticamente sin matices y en contraposición a su correligionario andalgalense, el antiminero Eduardo Córdoba.
Otras voces podrían evaluarse como críticas, pero se hacen oír de modo esporádico y desarticulado, cuando algún episodio como las revueltas de Andalgalá no deja margen a distracciones u ofrece espacio para ganar protagonismos módicos.
El escandalete por la subfacturación de Livent es un ejemplo. El radical Alfredo Marchioli le sacó jugo en términos personales, pero fue el Gobierno el que avanzó y finalmente logró que la empresa confesara y repusiera casi 200 millones de pesos. Marchioli se aferra a ese fogonazo estelar, pero no puede ir más allá. En la votación por la Mesa del Litio quedó del lado de los conciliadores.
Es que en términos generales, el discurso de Juntos para el Cambio no puede distanciarse demasiado del oficial, porque el aliento a la minería forma parte también del programa que la coalición tiene a nivel nacional. La conformación de la Mesa de Litio fue rubricada nada menos que por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y aspirante a la Presidencia.
Relaciones peligrosas
Lo que los opositores disidentes sospechan, cuando no confirman, es que algunos usan este límite politico para negociar favores particulares.
El viaje de Cesarini a Canadá fue sindicado como eso. Después de la crisis del interbloquebloque, varios radicales le recriminaron su ataque durante la sesión a la diputada Silvana Carrizo, una de las que votó contra la Mesa del Litio.
El macrista, que votó a favor, desplegó para rebatirla una batería argumental de inesperada solvencia, con una energía que jamás exhibió para objetar al Gobierno en los seis años que lleva en la banca. Opositores del ala dura ironizaron sobre la celeridad con que incorporó conocimientos desde su viaje a Canadá y sugirieron que alguien podría haberle alcanzado un machete para que no errara. Los peronistas se reían: ninguno había conseguido tan altas cumbres oratorias para defender el convenio.
La eclosión hizo aflorar otras facturas.
Los desacatados cargaron en la cuenta de Lobo Vergara el voto a favor de los contratos con las litíferas Galaxy y Liex, que habían sido rechazados por Juntos por el Cambio en Diputados, de la senadora de Antofagasta de la Sierra, Norma Reales.
Reales, radical y pareja del intendente antofagasteño Julio Taritolay, le dio la unanimidad al oficialismo en la Cámara alta –el senador por Ancasti Ariel Cordero, también radical, faltó al plenario- casi en simultáneo con la designación de un familiar de Lobo Vergara como asesor del cuerpo.
La fe en las casualidades no integra el credo de la actividad política, sean turísticas, como en el caso de Cesarini, o burocráticas, como en el de Lobo o Fernando Corrales Ávila, gerente regional de la ANSES del macrismo, que consiguió conchabo en el Senado apenas Jalil ganó la gobernación.
La cuestión es que la oposición empieza a acomodarse y establecer reglas de juego con la vista puesta en marzo.
José “Chichí” Sosa, veterano de la visceral década del ‘90, lo marcó en su alocución. Dijo que acompañar el convenio de la Mesa del Litio equivalía a “legitimar” una política minera del Gobierno que Juntos por el Cambio no comparte y sobre la que carece de incidencia. Ese concepto se proyectará a otros aspectos de la gestión, con una actitud más alerta a los gestos de concordia.
El quiebre en Diputados se conjuró porque no era lo que querían los disidentes, cuyo objetivo pasaba por establecer que, para ellos, la cualidad de oposición debe demostrarse con distancias claras de un oficialismo que muestra a la hora de sumar prejuicios inversamente proporcionales a su astucia.
El intendente capitalino Gustavo Saadi, por caso, arrebató a Juntos por el Cambio el impacto político de la visita del diputado nacional Facundo Manes, a quien recibió en el Nodo Tecnológico con hospitalidad característica y taquillera.
Saadi es, por supuesto, hombre de espíritu abierto y bien intencionado. Sin embargo, ya se ha dicho que en política no conviene fiarse excesivamente de las casualidades. El endemoniado derrotero nacional podría habilitar las alquimias más inverosímiles.
El ala dura de Juntos avisó a sus aliados. El Gobierno será a su criterio desde ahora análogo a la hoguera: acercarse puede procurar calor, pero también incuba el riesgo de quemarse.n
