El juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito ordenó que el caso judicializado sea abordado y resuelto en el ámbito educativo.
El caso de un alumno de 12 años imputado por la Fiscalía Penal Juvenil por presuntas “lesiones leves” en perjuicio de un compañero, en ámbito escolar y supuestamente mientras jugaban a las “luchas”, puso en evidencia que el criterio del órgano acusador o fiscalía para resolver el conflicto es diametralmente opuesto al del juez Penal y de la Asesoría de Menores e Incapaces.
La Fiscalía a cargo de Guillermo Narváez se manifestó a través de la imputación. el caso tomó estado público y el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito emitió dictamen, ordenando que el incidente sea tratado y resuelto en el ámbito educativo, del que no debió salir.
Paralelamente, la defensa del niño a cargo del abogado y psicólogo Bruno Jerez, coincidió con algunas consideraciones del magistrado y negó que se haya tratado de un hecho de bullying.
"Nunca pensé constituirme como defensor de un niño de 12 años en Argentina porque es inimputable. Es una situación totalmente anómala”, dijo Jerez en diálogo con El Ancasti.
Explicó además que apenas conoció la imputación, se opuso formalmente al decreto de determinación del hecho y a la decisión de los padres del niño golpeado por constituirse en querellantes.
“Considero que los hechos ocurrieron en contexto de juego infantil, sin intención de causar daño. Fueron dos niños que estaban jugando a las luchas y surgieron lesiones sin intención, dentro de la institución escolar. Surge del expediente que todos (compañeros) vieron que sucedió en contexto de un juego denominado lucha, para el que se había hecho un ring con pupitres escolares”, detalló.
Dijo además que el chico y su familia presentaron las disculpas a la familia y al menor lesionado y advirtió que “el incidente no debió haber sido tratado desde la óptica legal porque es un desafío para todos los padres y la sociedad ver cómo los chicos se están expresando dentro de la comunidad educativa”.
“Tenemos que enfocarnos en la imputabilidad, en la inimputabilidad o en un abordaje centrado en la prevención para ver qué estamos haciendo con los chicos y entre otras cosas, si estamos acompañando su desarrollo social y educativo”, agregó.
Informó que las autoridades del colegio donde ocurrió el hecho labraron las sanciones disciplinarias correspondientes y que su asistido “está con terapia psicológica para corregir sus comportamientos que han sido disvaliosos para su compañero. Y él así lo entiende”.
Sostuvo además que "el cambio adoptado por la Fiscalía debe ser radical y de igual manera debe ser el cambio de los padres que quieran denunciar a un niño de 12 años. Ser defensor de un niño de 12 años es una situación atípica porque no está tipificada en el Código Penal”, remarcó.
Recordó que en el caso, la asesora de Menores Daniela Faerman “con su obrar meticuloso y adherido a ley, se opuso a la imputación y sostuvo que el chico no es punible por la edad y por el hecho que se le endilga”.
Efectivamente, el juez Morabito resolvió que "en el caso que nos ocupa, incluso la intervención de la Justicia Penal es altamente desaconsejable y en este caso donde existe hasta quizás un posible caso de acoso escolar o bullying, estimo que la solución y el abordaje debe ser realizado en el ámbito educativo y entre toda la comunidad educativa, me refiero a los estudiantes, directivos, personal docente, no docentes, administrativos, padres de familia y tutores”.
Remarcó también que en la Justicia Penal es altamente desaconsejable tratar este tipo de situaciones.
En este contexto, Jerez subrayó que para esa defensa "no hubo bullying y así lo entendió el colegio porque no activó los protocolos para ese tipo de casos. Cerrar el caso, darnos la mano y entender que todo fue desafortunado sería lo más conveniente, además de hacer un poderoso llamado a la reflexión de todos los que estamos ligados a la crianza y educación de niños, niñas y adolescentes. Fue un mal comportamiento de los chicos que terminó con un niño golpeado", finalizó.
