El dolor continuará lacerando el alma hasta el momento de la muerte, pero al menos los familiares y amigos de la catamarqueña Aída Villegas, cuyos restos fueron identificados la semana pasada en el Pozo de Vargas, ahora tendrán el consuelo de la certeza.
Aída fue una de las 30.000 personas desaparecidas por la dictadura militar genocida. El 2 de noviembre de 1976 fue secuestrada por un grupo comando militar de la vivienda de su abuela, en San Miguel de Tucumán. Entonces tenía 22 años y acababa de recibirse de psicóloga. Su hermano Jorge Villegas, secuestrado desde el 8 de junio de 1977, continúa desaparecido.
La identificación de los restos es mérito del enorme trabajo que viene realizando desde hace décadas el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya ha comprobado la identidad de 839 víctimas del terrorismo de Estado a partir de la recuperación de sus restos óseos hallados en fosas comunes, cementerios municipales y otros lugares donde fueron enterradas luego de su desaparición forzada. Las identificaciones en el Pozo de Vargas específicamente suman más de 120, además de haberse recuperado restos de otras 30 personas que permanecen todavía sin identificar.
El Pozo de Vargas es un símbolo de la crueldad sin límite que fue característica esencial del régimen que asoló al país entre 1976 y 1983. Se encuentra ubicado en Tafí Viejo. Se trata de un pozo de agua de tres metros de diámetro y 34 de profundidad que fue utilizado como un lugar de inhumación clandestina de hombres y mujeres procedentes de centros también clandestinos de detención. El lugar fue localizado a partir de testimonios que aseguraban la existencia de un pozo, ubicado dentro de una finca privada perteneciente a Antonio Vargas, donde se arrojaban cadáveres de víctimas de la represión ilegal.
Los restos de 150 personas encontradas pertenecen a víctimas de las provincias de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, ahora también Catamarca y de otros países, como España, Perú y Bolivia.
El Pozo de Vargas fue expropiado por el Estado Nacional, quedando bajo el control del Archivo Nacional de la Memoria.
En un contexto nacional en el que el gobierno libertario intenta avanzar contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y conceder beneficios a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, la noticia de la recuperación de los restos de Aída es una noticia que alienta a seguir en la búsqueda de los que aún faltan aparecer. Y tener el consuelo de la certeza.
Como dice Clarisa Robert, sobrina de Aída: “Hace más de 40 y pico de años estamos esperando tener aunque sea un pedacito de hueso para decir ‘acá está’ y poder hacer una ceremonia y tener dónde ir a llevar una flor, a llorarla, de saber que ahí está. Estaba en el Pozo de Vargas, donde la intentaron esconder, debajo de miles de piedras, tierra, pedazos de chatarra y demás. Esto es muy conmocionante, pero muy esperanzador”.
