El abogado Pedro Vélez lo acusa de abuso de autoridad por "usar el poder penal estatal para fines personales".
Pedro Vélez, el abogado de Mario Rodrigo Del Campo y Gastón Agulles, entre otros de los imputados en la causa de las estafas procesales conocida como 'La banda de los usurpadores', presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento la quinta denuncia contra el fiscal de instrucción nº5, Hugo Costilla, a quien acusó de mal desempeño, falta grave, ignorancia del derecho y abuso de autoridad en el marco de esta causa, que tiene a cinco de los imputados detenidos desde el 23 de marzo.
En una extensa presentación, Vélez aseguró que Costilla actuó con "notorio desconocimiento el derecho vigente y con claro exceso y abuso de autoridad, al ordenar detener e imputar a personas sin fundamentación alguna, con la simple animosidad de intentar salvarse de los demás procesos de jury de enjuiciamiento que se encuentran en trámite".
Según el abogado, el fiscal busca "confundir a la opinión pública, buscando impacto mediático mediante el cual ha ocasionado incalculables repercusiones que desprestigian el honorable decoro que ostenta el Poder Judicial, como así también ha atentado contra el prestigio de otras instituciones, como la Dirección General de Catastro, el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, la Policía, el Banco de la Nación Argentina, entre otras"; y aseguró que para ello "Costilla ha inventado cuestiones que carecen de sustento, en correlación con las pruebas que obran en el trámite de aludidos autos, y atentan directamente contra la lógica y el sentido común".
Allí enumeró una serie de cuestionamientos vinculados al acta de determinación de los hechos, que habla de la formación de la banda "en un día no precisado con exactitud y en lugar que no se ha podido precisar".
Vélez agregó que en las otras denuncias de Costilla ante el jury "se le reprocha su tendencia a desconocer los límites legales del cargo, omitir controles procesales e incurrir en decisiones funcionales arbitrarias". "Lejos de ser episodios aislados, esos antecedentes revelan un patrón sostenido de utilización disfuncional del cargo, instrumentalizando la estructura del Ministerio Público para instaurar lógicas procesales paralelas y opacas, incompatibles con el estado de derecho", apuntó.
"Todos los actos de esta causa fueron ejecutados como parte de una operación institucional de autoafirmación, mediante la cual el fiscal busca mostrarse como un funcionario activo y resuelto, aún a costa de transgredir la legalidad más elemental y de vulnerar garantías constitucionales básicas. No se trata de errores técnicos, excesos interpretativos o apreciaciones controvertidas. Lo que aquí se denuncia es el uso deliberado, arbitrario y finalista del poder penal estatal para fines personales, desplazando al ciudadano y a la verdad del centro del proceso, en favor de una narrativa funcional armada para salvar la posición del propio fiscal denunciado", reparó y aseguró que esto "compromete la imagen institucional del Ministerio Público y la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto".
Hecha esta presentación, en las próximas 48 horas Vélez será convocado por el Tribunal para ratificar su denuncia. Una vez cumplido este paso, el jury debe definir si considera que la causa es admisible y si eso ocurre se corre traslado de la denuncia al acusado, Costilla, para que ensaye una defensa.
Una vez que Costilla conteste, el expediente pasa al fiscal del jury, Augusto Barros, quien debe dictaminar si existen elementos o no para acusar.
