Aunque los profesionales que participaron del ateneo interdisciplinario forense no pudieron unificar criterios sobre la forma en que murió el ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, fueron taxativos en señalar las deficiencias del trabajo criminalístico como el obstáculo principal para salvar sus incertidumbres.
Como un perro que se persigue la cola, el fiscal Hugo Leandro Costilla vuelve a encontrarse ante el desafío de profundizar la investigación sobre los agentes judiciales, científicos y policiales que operaron en las primeras horas posteriores al hallazgo del cadáver. Es una tarea que viene postergando desde que suplantó a su colega Laureano Palacios en la gestión del expediente hace ya más de tres años, pese a las evidencias de fallas del sistema acumuladas desde que Luis Barrionuevo desacreditó la hipótesis originaria de la muerte por causas naturales y obligó al Poder Judicial modificar el rumbo del expediente.
De todas las pesquisas que ensayó para identificar al autor o los autores del presunto asesinato, la más exitosa fue la que desincriminó a Silvina Nieva, única imputada en la causa bajo la figura de homicidio agravado por alevosía y por mediar una relación de pareja. Las muestras de ADN recogidas en la casa de Rojas no son de ella.
El Jury que se celebró por su desprolijo desempeño en el inicio de la causa absolvió a Palacios en un polémico fallo dividido y lo restituyó en el puesto.
El fiscal, que había accedido al cargo desprovisto de experiencia judicial, prácticamente debutó con el Caso Rojas. Dijo ante el Jury que nadie le advirtió que el deceso podría haber sido consecuencia de un crimen, no obstante lo cual, sensatamente, ordenó la autopsia.
Los problemas comenzaron después de esa primera necropsia, porque autorizó la devolución del cuerpo a la familia sin estar seguro de que sus resultados fueran concluyentes.
Fernando Rojas encontró el cadáver de su padre alrededor del mediodía del 4 de diciembre de 2022 y Palacios habilitó su devolución para las exequias alrededor de las 21, pero hasta la medianoche andaba consultando si los golpes que tenía podían haber sido accidentales. Recién lo recuperó a la mañana del día siguiente, cuando ya estaban por cremarlo, luego de la acusación de Barrionuevo, y explicó que trabajaba para “descartar la muerte violenta”. O sea: había devuelto el cuerpo sin descartar el homicidio. La nueva autopsia que ordenó no difirió demasiado de la primera y cerca de las 10 de la noche admitió que Rojas había sido asesinado.
Hasta que las explosivas declaraciones de Barrionuevo lo obligaron a reorientar la pesquisa, Palacios dejó desguarnecidas, liberadas para cualquier manipulación, locaciones clave.
La casa de Rojas quedó sin custodia y fue limpiada por Fernando, con autorización de la Policía.
El fiscal ordenó precintar el domicilio y preservarlo de intromisiones de nuevo casi doce horas después de que se hubiera retirado de allí el cadáver.
No mandó resguardar el Ministerio de Desarrollo Social ni el sindicato de gastronómicos, del que Rojas era secretario general, donde se hizo su concurrido velorio. Tales omisiones sugieren que no consideró que el eventual asesinato pudiera estar relacionado con las funciones que el occiso cumplía.
Tan errático accionar ameritó reproches del fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, quien señaló que su colega no condujo la investigación, sino que fue conducido por sus auxiliares.
La responsabilidad se traslada, entonces, a los auxiliares.
¿Quiénes condujeron efectivamente al conductor teórico?
Los integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que depende de la Justicia, fueron interrogados en el Jury. Con los policías que dependen del Poder Ejecutivo, en cambio, se prefirió incorporar por escrito los testimonios que habían vertido en el expediente penal. Nadie en el Jury consideró que podía ser importante indagarlos sobre su participación en los albores de la causa.
Luego trascendieron testimonios que marcan a Tomás Rodríguez, quien al momento del crimen se desempeñaba como Jefe de Homicidios, como el responsable de haber echado a rodar la versión de la muerte natural. Y un policía que había ubicado en la escena del crimen a Silvina Nieva, se desdijo en un careo y explicó que se había confundido.
El dictamen del ateneo interdisciplinario forense, por sí solo, no permite descartar la muerte accidental, pero Costilla podría descartarla en función de otros elementos. Atento a esta posibilidad y a que no hay ningún otro acusado, el defensor de Silvina Nieva advirtió que el fiscal debería seleccionar una de las hipótesis para avanzar con la reconstrucción del hecho ¿O hará varias reconstrucciones? Misterio.
Lo que sí hizo Costilla fue citar por tercera vez al actual ministro de Desarrollo Social y sucesor de Rojas en el puesto, Gonzalo Mascheroni, para “identificación y registro formal de sus datos”.
El dictamen del ateneo no ha provocado todavía medidas relacionadas con los defectos de la tarea criminalística, para determinar si fueron resultado de impericia, negligencia o maniobras deliberadas de encubrimiento.
Quizás de la reconstrucción o reconstrucciones del hecho surjan novedades al respecto, pero sería interesante que, además de seguir tratando de sacar aceite de las piedras, el fiscal indague sobre las objeciones al sistema planteadas con total certeza por los peritos que él mismo convocó. El propio Palacios podría ser un testigo importante en este sentido. Y también Fernando Rojas, a quien la policía autorizó a la lavar la escena del supuesto asesinato.
Por ahí no esclarezca el crimen, pero pueda dejar de perseguirse la cola.
