De acuerdo con la agenda judicial del Ministerio Público Fiscal, hoy en la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación se prevé indagar a Elpidio Guaraz, intendente de Santa Rosa. La fiscal Antonella Kranevitter lo imputará por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal”.
La denuncia fue radicada en junio del año pasado. Dada la índole del delito denunciado, la causa se manejó con la reserva de rigor. El abuso se habría prolongado durante cuatro años, aproximadamente, desde que ella era adolescente. Cansada del hostigamiento, la joven decidió realizar una denuncia penal. Sin embargo, optó por asentarla en la Capital y no en la Comisaría de Santa Rosa, en la jurisdicción de Guaraz. En aquella oportunidad, la denunciante presentó un escrito.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación –por entonces a cargo del exfiscal Ezequiel Walther-. No obstante, el jefe comunal no había sido imputado.
En un primer momento se ordenaron las medidas de rigor, tales como protocolos y pericias, a efectos de tener los primeros elementos para poder encuadrar el presunto delito.
Actualmente, la investigación está a cargo de la fiscal Antonella Kranevitter, quien asumió el mando de esta Fiscalía en octubre del año pasado.
Luego de haber escuchado la declaración de la denunciante y reunir la prueba pertinente, la representante del Ministerio Público Fiscal cuenta con los elementos necesarios para imputar e indagar al jefe comunal Elpidio Guaraz.
Con el correr de los meses, se habían realizado varios planteos. Finalmente, el expediente recaló en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. En junio de este año, el Tribunal de Alzada, integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Patricia Olmi, resolvió que la joven denunciante declare.
En su momento, la joven había presentado escritos pero no tuvo la oportunidad de expresar verbalmente y contar su versión. De momento, las medidas tomadas fueron con base a escritos porque no había tenido la oportunidad de contar su versión con sus palabras y ser escuchada.
El Tribunal de Alzada consideró que la recepción de la declaración testimonial de la joven, por el órgano acusador, “puede, en su caso, permitir el ingreso de la versión directa y personal de la denunciante”.
Para los camaristas, de esta manera, la denunciante puede contar directamente sus vivencias e “ilustrar los extremos fácticos en torno a la investigación en curso”. “Ello, de ninguna manera, importa vulneración alguna de derechos. En todo caso, la decisión es respetuosa de nuestro sistema constitucional, en cuanto postula el derecho de la víctima a ser escuchada a través de un acto procesal, como lo es la prueba testimonial, que le permita expresarse en relación al suceso que denuncia”, destacaron.
A la vez, se aclaró que “no se trata de nueva declaración”.
En este sentido, precisaron que “será la primera y única declaración en el marco de esta investigación. Si bien es cierto que la denunciante fue convocada a fin de realizar una pericia psicológica y que también ha formulado una denuncia por escrito, no obstante, ambos actos no pueden reemplazar la declaración de quien, por tener -en su caso- un conocimiento directo y personal sobre los sucesos, se puede expresar con precisión, claridad y en forma detallada en torno a lo sucedido”.
Guaraz es el jefe comunal de Santa Rosa desde hace varios mandatos y registra varias denuncias en su contra. En diciembre último, un jefe de la Policía lo acusó de amenazarlo por no dejar pasar a apostadores de otras provincias. Tenían la idea de participar de una carrera cuadrera en Bañado de Ovanta.
El policía denunciante comentó que recibió un llamado de Elpidio Guaraz diciéndole: “Cajetudo, dejalos pasar, no le pidas nada, ya vas a ver quién soy yo, yo soy el jefe del COE y dueño del pueblo, ya voy a ir por el puesto”.
Meses antes, en abril de 2020, había sumado otra denuncia más. La Fiscalía de Estado de la Provincia lo había denunciado penalmente por “intimidación pública”, a través de las redes sociales, durante la etapa más estricta de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
En agosto de 2014, el concejal Orlando Páez (FV) lo había denunciado penalmente por la supuesta malversación de fondos y fraude contra el Estado. La lista sigue.n
