La Ruta 38 es un corredor de grandes cantidades de droga. Ningún político pidió estadísticas sobre narcotráfico.
El juez federal N°1 Miguel Ángel Contreras realizó un diagnóstico descarnado sobre el narcotráfico en la provincia de Catamarca, poniendo en evidencia el colapso operativo del sistema judicial y penitenciario, el vacío legal respecto del tráfico de ansiolíticos, la falta de recursos básicos en el Juzgado y el total desinterés político que pudo percibir en los casi 15 años que lleva como juez.
“Estamos muy preocupados. Estuvimos en una reunión con el nuevo ministro de Seguridad, al que vi bastante preocupado e informado de todo lo que está pasando, y con el jefe de la Policía de Catamarca. Hablamos de que hay un incremento notorio del tráfico de drogas y un catálogo de modalidades en el transporte”, dijo en diálogo con “Se acabó lo que se daba” de Ancasti Streaming.
“Llama la atención el número (de secuestros) y que pasen tantos controles (antes de llegar a Catamarca), porque vienen de Bolivia pasando Salta y Tucumán, y los detenemos acá. ¿Cómo pasaron tantos controles?”, resaltó.
En cuanto a los colectivos que realizan tours de compras o que salen de Jujuy y tienen por destino Mendoza, informó que se planteó la posibilidad de implementar una nueva forma de control al momento de cargar los equipajes, “porque viene alguien en colectivo, se descubre que hay una mochila con droga en los baúles del micro, el pasajero tira el ticket de control de equipaje y nadie sabe a quién pertenece el bulto. Es necesario que se involucre la Dirección de Transporte de cada provincia para implementar controles por cámaras o canes al tiempo de cargar -que no es una cuestión operativamente cara-, que serán muy efectivos, porque no puede ser que venga gente cargando 30, 40 o 50 kilos de estupefacientes” atravesando varias provincias, cuestionó.
Sobre el tráfico de ansiolíticos alertó que “aún no tiene un encuadre legal” y que “es casi inexistente la pena cuando se encuentra a un sujeto con mil o dos mil pastillas de una droga que puede ser un antidepresivo o ansiolítico. Simplemente se incauta la mercadería y ya está”.
“Por eso los canes también están siendo entrenados en ese sentido y hay un gran aporte de las fuerzas en contar con esos animales, que son tan nobles en su trabajo. Gendarmería y la Policía Federal tienen los suyos muy bien entrenados y, de hecho, a ellos se les debe casi la totalidad de los secuestros que se hicieron últimamente”, detalló.
Aseguró que la cantidad de droga que se secuestra periódicamente “va aumentando siempre” y destacó que el narcotráfico “es un problema de salud en el que se tienen que involucrar otros actores porque es un delito contra la salud pública. Es materia de ocupación en las escuelas, los clubes y todo lo que pueda ser una reunión de personas interesadas en el tema, para difundir lo que pasa con las drogas. Si alguien pudiera advertir lo que pasa, podríamos cambiar muchas cosas”.
“En tiempos de campañas políticas la gente habla de este tipo de cosas, pero desde que estoy en el juzgado ningún político se acercó a pedirme estadísticas de lo que representa hoy en Catamarca el narcotráfico. Ni siquiera para saber la cantidad de detenidos, que es un problema, porque no tengo lugar para alojarlos. Hay más detenidos por narcotráfico que por delitos de otra naturaleza, y las comisarías no pueden albergar a esa gente”, dijo Contreras con efusividad. También “tenemos mujeres con hijos que a veces son de otras provincias y tienen hijos, y son situaciones que nos están trayendo dolores de cabeza”, precisó.
Entre otros problemas, “el juzgado carece de psicólogo y he pedido que nos nombren uno, porque en un momento la provincia nos colaboró con el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), pero los requerimientos nuestros se tornaron intensos y la Corte de Justicia decidió parar con esa colaboración, al margen de que en casos de Cámara Gesell por trata de personas y otros servicios nos dan la posibilidad de hacerlos ahí”.
Sin embargo, explicó que los imputados por delitos que tienen una expectativa de cárcel superior a 10 años “deben tener una entrevista psicológica, y acá entran aquellos que comercializan sustancias, que son la gran mayoría de los casos. Entonces, la entrevista psicológica es vital e ineludible y no tengo psicólogo. Nos acostumbramos al CIF y nos dijeron que no. Después contamos con la Policía y últimamente contraté, en el caso de la Secretaría Electoral, una psicóloga para que trabaje y a fin de mes se le termina el contrato”, subrayó.
“Estoy implorando a la Corte y a la Cámara (Federal de Tucumán) que nos den una mano para tener un psicólogo, o que la provincia nos colabore”, apuntó.
Como en los últimos tres secuestros de drogas en la Ruta 38 hubo un policía implicado -en el segundo caso tres mujeres y en el tercer caso un adolescente-, Contreras señaló que “la cuestión con personas de esas condiciones queda a cargo del defensor oficial, que también se encarga de hacer los planteos y las defensas de los menores de edad”.
Sobre este último incidente, remarcó: “Es el primer caso en el que se dio la intervención de un menor. Tratamos de solucionarlo cara a cara con él, para decirle: ‘Mirá, esto no se puede seguir haciendo’, porque hemos logrado muchos buenos resultados. En ocasiones, y a raíz de las escuchas telefónicas, también llamamos a los padres para preguntarles si sabían que sus hijos consumían o no. Nos decían que no y les hacíamos oír la escucha. Por eso es importante el rol de los padres en todo lo vinculado a las drogas”, finalizó.
