El Colegio de Médicos de Catamarca difundió ayer un comunicado público a raíz de la resolución judicial que otorgó la suspensión del juicio a prueba a los nueve profesionales imputados por la adulteración de órdenes de consulta de OSEP. La institución sostuvo que consideraba necesario “aclarar conceptos” ante consultas de afiliados y publicaciones recientes vinculadas al caso, ocurrido hace más de una década.
En el primer tramo del texto, el Colegio afirmó que la conducta denunciada —si se comprobara— “es incompatible con los principios éticos de la profesión”, en referencia a la probidad, la honradez y el respeto hacia el sistema sanitario que exige el Código de Ética Médica. Señaló que cualquier adulteración o falsificación de documentación vulnera de manera grave esos principios.
La institución aclaró, no obstante, que no puede suspender matrículas de manera automática. Explicó que la inhabilitación o suspensión en el ejercicio profesional “solo puede disponerse por orden judicial firme o a través del procedimiento disciplinario interno”, resguardando el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Este punto aparece en un contexto donde, históricamente, también existieron cuestionamientos sobre eventuales responsabilidades internas en el circuito donde se generaba la maniobra, un aspecto que la investigación penal no terminó de develar.
El Colegio también subrayó que la probation concedida por el Tribunal “no implica condena ni reconocimiento de culpabilidad”. Recordó que se trata de una herramienta procesal que suspende el juicio bajo determinadas condiciones, pero que no constituye sentencia penal.