El anuncio de un futuro acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos llegó envuelto en un discurso celebratorio por parte de ambos gobiernos. Sin embargo, al revisar con detenimiento la información disponible se advierten asimetrías en las condiciones de negociación. Según los especialistas en comercio internacional que ya se pronunciaron, el esquema prevé 24 ventajas concretas para Estados Unidos y apenas 3 para Argentina.
Del lado argentino, los beneficios son escasos y, en gran medida, reversión de medidas previamente impuestas por la administración Trump. En primer lugar, se eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y sobre artículos no patentados para uso farmacéutico, situación que devuelve el marco arancelario a lo que regía antes del 2 de abril, cuando Estados Unidos impuso nuevos gravámenes. En segundo lugar, se reconocen “mejores condiciones de exportación de carne de res” argentina. Finalmente, se establece una mayor “cooperación para el comercio de minerales críticos”, un punto con potencial estratégico pero sin detalles operativos que permitan evaluar su alcance real.
El contraste con la lista estadounidense es contundente. Washington obtiene ventajas en prácticamente todos los sectores sensibles: mejores condiciones de exportación de carne de res, acceso preferencial para medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y productos agrícolas. Argentina, además, se compromete a desmantelar barreras no arancelarias y a aceptar que no podrá exigir conformidad propia para bienes que ya cuenten con certificación estadounidense, incluyendo automóviles, alimentos y medicamentos.
El acuerdo abre además el mercado argentino al ganado bovino vivo, a las aves de corral, a “ciertos quesos y carnes” de origen estadounidense y elimina la obligación de registro de instalaciones para la importación de productos lácteos. A ello se suma el compromiso argentino de intensificar la cooperación para combatir “prácticas no mercantiles” de otros países, un concepto amplio cuyo alcance podría alinearse más con la estrategia geopolítica de Estados Unidos que con los intereses comerciales argentinos. Además, el país se obliga a facilitar el comercio digital con Estados Unidos, un sector donde la balanza tecnológica y empresarial es abrumadoramente desigual.
La negociación del lado argentino se realizó en total secreto, sin participación de cámaras empresarias ni de sectores productivos que deberían haber tenido un rol central en la discusión. No sorprende, entonces, que hoy prime la cautela o directamente el rechazo entre productores locales, particularmente del sector cárnico y quesero, que observan con inquietud la posibilidad de una “invasión” de productos elaborados en suelo estadounidense y vendidos en condiciones más ventajosas que las de la industria nacional.
Más allá de la orientación ideológica de los gobiernos del mundo, la regla general es que cada país protege sus sectores productivos estratégicos. En este contexto, lo que ha consentido el gobierno libertario argentino va en dirección contraria a las prácticas globales y lo deja en una posición vulnerable ante un socio infinitamente más poderoso.
