Fundamentos de la Probation concedida por la causa órdenes de OSEP
"Los requisitos están cumplidos y la reparación es razonable"
Los médicos ofrecieron más de $17.000.000 y realizarán tareas comunitarias en centros de salud públicos.
La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación ayer dio a conocer los fundamentos de la probation concedida a los nueve médicos involucrados en la causa de adulteración de órdenes médicas de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Los profesionales pagaron $17.240.396,30, monto que supera en casi dos millones de pesos la oferta inicial de $15.300.000 que habían presentado semanas atrás. Además, realizarán trabajo comunitario en centros de salud públicos, cuatro horas a la semana, durante un año.
El Ancasti pudo tener acceso a los fundamentos. El Tribunal destacó que tanto la reparación económica ofrecida como la conducta procesal de los involucrados y el consentimiento expresado por OSEP y por el Estado Provincial conformaron “un cuadro que permite resolver el conflicto penal sin necesidad de realizar el debate”. Uno de los ejes centrales del análisis fue la valoración de la reparación económica. Los magistrados señalaron que los montos fueron actualizados a partir del capital “histórico” que habría sido defraudado, ajustado al valor actual y que todas las propuestas fueron aceptadas por OSEP sin objeciones.
Sobre este punto, el Tribunal remarcó que “la reparación no persigue un fin meramente resarcitorio, sino brindar una respuesta a las víctimas mediante una forma de desagravio” y que la ley exige que ese aporte sea acorde a las posibilidades reales del imputado. Para la Cámara, las cifras ofrecidas muestran un compromiso concreto para revertir el perjuicio, incluso cuando el resarcimiento no cubra íntegramente el daño denunciado.
El otro elemento clave fue la finalidad del instituto. El Tribunal recordó que la suspensión del juicio a prueba existe para evitar procesos penales largos y costosos cuando el caso permite una solución alternativa seria y controlada. En este sentido, sostuvo que la probation busca una “vocación de superación del conflicto penal”, apoyada en acciones que tengan utilidad social: en este caso, cada imputado deberá cumplir tareas comunitarias vinculadas a su especialidad médica en centros de salud, hospitales públicos o espacios municipales, con una carga semanal de cuatro horas y supervisión del sistema de control judicial.
Para los magistrados, las propuestas —tanto de reparación como de trabajo comunitario— muestran que los imputados están dispuestos a asumir responsabilidades concretas y verificables durante un año. Éste fue un factor decisivo. Además, se consideró que “corresponde hacer lugar a la solicitud, a fin de garantizar la internalización de los eventuales daños causados y la vocación de superación del conflicto penal”. Es decir, una reparación aceptada, control estatal garantizado y un encuadre que permite resolver el caso sin recurrir al juicio oral.
Expediente
La investigación se inició en diciembre de 2013, cuando el Colegio Médico denunció la existencia de órdenes médicas irregulares o "truchas" que fueron presentadas para su pago a OSEP. Según la acusación, los médicos habrían presentado las mismas órdenes médicas múltiples veces en el mismo mes. El esquema habría funcionado con la colaboración de trabajadores tanto en el Círculo Médico como en OSEP, ya que no habrían operado correctamente las áreas de auditoría de ambas instituciones.
La causa originalmente incluyó a 12 médicos imputados. En diciembre de 2024, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió que solo ocho profesionales fueran a debate oral por los hechos consumados, al haberse producido la prescripción de la acción penal en los hechos caratulados en grado de tentativa.
Durante la audiencia en la que se trató la probation, las defensas expusieron sus propuestas, pero el Tribunal centró su análisis en lo manifestado por los organismos estatales y el Ministerio Público, que son quienes deben evaluar el interés público.
La Fiscalía de Estado y OSEP —en su carácter de presunta damnificada—manifestaron que no se oponían a la suspensión del juicio a prueba pero solicitaron que se controle el cumplimiento de los pagos y de las tareas comunitarias. Ambas representaciones aclararon que, en caso de incumplimiento, quedaba abierta la vía civil para reclamar daños.
Por su parte, el fiscal de Cámara tampoco objetó el beneficio. Señaló que, aunque la probation implica una solución alternativa, las obligaciones que impone pueden resultar más gravosas que otras salidas porque exige reparación económica inmediata, supervisión institucional y trabajo comunitario sostenido. El Ministerio Público propuso que la carga semanal de tareas no fuera inferior a cuatro horas y que el control quedara a cargo de instituciones públicas para asegurar trazabilidad.
El Tribunal incorporó esa sugerencia. Con la conformidad de OSEP, el acuerdo del fiscal y las reparaciones ofrecidas en un solo pago, los jueces resolvieron suspender el proceso por un año. Los depósitos debían realizarse antes de la lectura de los fundamentos y las instituciones donde trabajen los imputados deberán informar trimestralmente al Juzgado de Ejecución Penal.
