Para garantizar el acceso a la justicia en el interior
Déficit en la defensa pública: la Corte impulsa un programa para dar respuestas
La provincia no cuenta con una Defensoría General. A través del Programa Cerca se da respuesta a una demanda.
El acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental y para garantizar este derecho, el servicio de administración de justicia debe contar con recursos humanos y materiales. A tal fin, la política judicial debe fortalecer el sistema para que todas las personas –tanto niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres- puedan hacer valer y disfrutar sus derechos. A principios de este año, este diario público sobre el déficit en la Defensa Pública. La provincia no cuenta con una Defensoría General, una dependencia de la Procuración General. Ante esta carencia, desde hace años, la Corte de Justicia impulsa el Programa Justicia Cerca. La Procuración General tiene a su cargo el diseño de la política criminal. Tiene un brazo ejecutor, la Fiscalía General que lleva adelante la política de persecución penal pero carece de otro brazo, el de la Defensa. La Ley Orgánica del Poder Judicial –que data de 1970 y que tuvo algunas modificaciones- hace alguna mención al respecto pero lo concreto es que no se avanzó en la creación del cargo.
Recientemente, fuentes judiciales informaron que a través del Programa Justicia Cerca se había recorrido varias localidades catamarqueñas. Es decir, se busca garantizar el acceso a la Justicia en las localidades más recónditas. Solo en la Quinta Circunscripción, con asiento en Tinogasta, se dio atención legal a más de 800 personas en Fiambalá, Palo Blanco, Medanitos, Anillaco, El Puesto y Saujil, entre otras localidades. En la Tercera Circunscripción, con asiento en Belén, se recibieron más de 500 consultas en localidades como Hualfín, Barranca Larga, Villa Vil, Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra. En tanto que en la Cuarta Circunscripción, Santa María, se recorrieron las localidades de Fuerte Quemado, Andalhuala, El Desmonte y Punta del Balasto.
En estos lugares, los principales motivos de consulta fueron demanda de alimentos, filiación, violencia de género, sucesiones, acuerdos, divorcios, cuidados personales, conflictos de propiedad, reclamos administrativos y cuestiones laborales. Con el abordaje de los equipos de las defensorías se garantizó la orientación jurídica profesional y acompañamiento en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales. Tales demandas reflejaron distintas realidades y todas demandaban una respuesta. En otras localidades, también hubo pedidos de asesoramiento en temas penales. Ante esta situación, se podría analizar la posibilidad de ampliar el programa para incluir a Defensorías Penales con el objetivo de cubrir todas las necesidades jurídicas del territorio.
Si bien el derecho a la defensa está garantizado por mandato constitucional y tratados internaciones, este derecho no sólo alcanza a acusados de delitos sino también a las víctimas. En los últimos casi 30 años, se presentaron propuestas para la creación de la Defensoría General y en la última década también se avanzó con la idea de una Defensoría para Víctimas de Delitos. No hubo más avances; solo fueron proyectos que se encuentran archivados o perdidos por el paso del tiempo.
Proyectos truncos
A finales de la década del 90, desde el Poder Judicial se había presentado un proyecto para la creación de la Defensoría General. Por entonces, la Corte estaba integrada por los ministros Oscar Guillermo Díaz, César Ernesto Oviedo y José Ricardo Cáceres –quien aún persiste en su cargo-. El objetivo de este proyecto era compensar la existencia de la Fiscalía General y, a la vez, dar herramientas a fin de generar igualdad de condiciones entre ambas partes. El proyecto se perdió a lo largo de más de 25 años y solo queda el recuerdo de su espíritu en algunos ex funcionarios judiciales. La propuesta habría surgido con base en un Código Procesal de otra provincia.
En la Legislatura catamarqueña entre 2014 y 2022 se presentaron algunos proyectos de ley relacionados con las defensorías del Poder Judicial. En 2014 había ingresado a la Cámara Diputados un proyecto iniciado por la Cámara de Senadores para el desdoblamiento de las Defensorías de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial (con asiento en Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta y La Paz). En estas localidades se trabaja con “defensorías generales”, dado que funcionan Juzgados Multifueros. De esta manera, se pretendía desdoblar las “defensorías generales” en una Defensoría Civil y una Defensoría Penal por Circunscripción. Actualmente, cada Circunscripción cuenta con un “defensor general” que debe intervenir en los distintos fueros. Este proyecto, que contaba con media sanción de la Cámara alta, fue archivado. En estas circunscripciones, ante la demanda y algunas eventualidades, a veces se debe proceder con el sistema de subrogancias para garantizar el derecho de acceso a la justicia.
