Pidió la revisión de la sentencia, la absolución o disminución de las condenas de "Jota" y de su padre "Coqui".
Debate. Uno de los tres guardiacárceles fue condenado.
La condena a prisión de ocho personas, incluyendo a un guardiacárcel, por narcotráfico dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), sumó un nuevo pedido de absolución. El requerimiento fue realizado por el defensor oficial Hugo Vizoso en representación de los supuestos líderes de la banda, Jacobo Eliseo Jiménez, alias “Niño J”, y su padre, Mario Roque Jiménez, alias "Coqui".
El lunes fue la fecha límite para efectuar las presentaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py. Los abogados que recurrieron la sentencia en casación fueron Sebastián Ibáñez y Ariel Díaz Sosa, defensores del único de los guardiacárceles condenado, Lucas Francisco Brandán (33). También lo hizo Pedro Vélez en representación del taxista Ariel Magno Brandán (49), y Juan Pablo Morales en defensa del chofer Raúl Apud (48).
Asimismo presentó el recurso el abogado Vizoso, quien durante el juicio representó a Dayana Giselle Sarmiento (31), Kevin Emanuel Barros (27), Jacobo Jiménez (31), a su padre Roque Jiménez (61), y a Cristian Miqueas Barros (31). Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, el defensor argumentó que la acusación de la Fiscalía, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, se sustentó solamente en escuchas telefónicas del período julio-agosto de 2022, sin otras pruebas que confirmaran el plan de organización.
Sostuvo además que no hubo testigos directos ni pericias que confirmen el ingreso de drogas al penal de Miraflores, advirtiendo que lo secuestrado (entre 600 gramos y un kilo de marihuana) “no califica como para caratularlos como narcotraficantes para la comercialización de droga”.
Remarcó que durante el debate solo hubo interpretaciones de la Fiscalía y que en la causa solo está la certeza de que se transportaron 300 gramos y “no hay certeza del ingreso de droga al Servicio Penitenciario Provincial (SPP)”. Este argumento ya había sido esgrimido durante la presentación de sus alegatos al finalizar el debate. Ahora, Vizoso solicitó a los jueces de Comodoro Py que revisen la resolución del Tribunal Oral Federal catamarqueño, que de forma unánime y presidido por el juez Enrique Lilljedahl, sentenció a sus defendidos.
Pidió que se revea la condena y que se los absuelva por el beneficio de la duda o se disminuya la pena, en función de las deficiencias que puso en evidencia, coincidiendo con otros defensores que también solicitaron la revocación del fallo y absoluciones. En su alegato, Vizoso hizo hincapié en que en el expediente solo hay escuchas y "no hay pericia sobre la voz de los imputados".
Agregó que "no se sabe si lo dijeron o si actuaron por presión externa", en relación con el traslado de marihuana interceptado en Valle Viejo en 2022, que impulsó la causa. Por otra parte, manifestó que "frente a tantos años presos se da el síndrome de Estocolmo entre presos y los guardias (...) no se puede dar por cierto el ingreso diario de droga al SPP (...) tiene que haber mucha gente afectada y solo lograron atrapar este pequeño viaje que ni siquiera llegó al SPP".
Para los investigadores, "Niño J" y su padre eran los líderes de la banda. Jacobo Jiménez fue condenado en octubre como "coautor de comercialización de estupefacientes, doblemente agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención, en concurso real con el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada".
Fue sentenciado a 7 años de prisión y declarado reincidente. Su padre, Mario Jiménez, fue declarado culpable como "coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada", condenado a 7 años de cárcel y declarado reincidente.
En la última jornada de debate, Jacobo Jiménez informó al Tribunal que en varias ocasiones había sido víctima de vejámenes dentro del penal de Miraflores. Reconoció haber pasado casi toda su vida privado de la libertad por distintos hechos delictivos y pidió a los jueces que le brinden protección.
También solicitó que se realice una investigación para determinar las supuestas responsabilidades de guardiacárceles que habrían accionado en su contra. En este contexto, el juez Lilljedahl ordenó que se envíe una copia de las declaraciones de Jiménez a la Fiscalía Federal de Primera Instancia, a cargo de Santos Reynoso (quien estuvo a cargo de la pesquisa de la causa narco), para que ahora investigue la denuncia por presuntos apremios ilegales dentro del penal.
