Planteo. La justicia pidió el desafuero de la diputada Natalia Saseta, que fue reelecta el 22 de octubre.
Ayer ingresó a la Legislatura el pedido de desafuero contra la diputada macrista Natalia Saseta, investigada por quedarse con parte del sueldo de un empleado suyo, que la denunció. La legisladora enfrenta cargos por extorsión y amenazas.
La causa se inició en noviembre de 2020. Saseta, que consiguió su reelección el 22 de octubre, todavía no había cumplido un año como diputada.
Gustavo Acosta, que se venía desempeñando a sus órdenes como empleado legislativo, radicó una denuncia penal en la que aseguró que la diputada, ascendente figura del PRO local, le había exigido sistemáticamente durante cinco meses que le entregara en mano o le depositara en su cuenta corriente parte de su sueldo a cambio de conservar el puesto. Según la denuncia, Saseta explicaba que la plata era destinada a financiar gastos partidarios.
Saseta se presentó ante la Justicia unos días más tarde y dijo que en realidad la víctima de extorsión era ella, que se había negado a entregarle al abogado de Acosta una suma que le exigía para no avanzar con la denuncia. En declaraciones periodísticas sumó un trasfondo político.
"Soy mujer y siento que llegué a este lugar por la lucha de muchas mujeres, para defenderlas de la violencia de género y muchas otras violencias que sufrimos. Este chico tiene otros ideales y por ahí no estaba de acuerdo con las leyes que yo presentaba contra la violencia de género”, conjeturó.
Aparte de las divergencias ideológicas, Saseta mencionó una interna por la conducción de la juventud del PRO, que ella presidía. De acuerdo con su relato, dos jóvenes le habían contado que Acosta quería sucederla, pero como ella no respaldaba sus pretensiones, les había propuesto “que lo ayuden a desacreditar mi gestión o manchar mi nombre”.
La legisladora consiguió dar largas al expediente durante tres años, pero el pedido de desafuero del juez de Garantías Marcelo Sago ingresó a la Cámara de Diputados ayer. Falta menos de un mes para que Saseta concluya su primer mandato e inicie el segundo. Su situación política se ha tornado más frágil con las novedades ocurridas desde la catastrófica derrota que sufrió Juntos por el Cambio y la alianza que su líder nacional, Mauricio Macri, selló con el libertario Javier Milei. Las fracturas en el campo opositor y algunos intereses convergentes podrían alumbrar la mayoría necesaria de dos tercios para desaforarla.
Si fuera exonerada, su lugar no le correspondería al quinto de la lista de diputados de Juntos, el presidente del PRO Carlos Molina, que el 22/10 quedó afuera por el hocico. Es varón y procede el cupo femenino, de modo que iría la sexta: Lila Stela Sosa, que responde al diputado Hugo “Grillo” Ávila, que ahora se sumó a los esquemas libertarios.
Los libertarios metieron cinco diputados, con Ávila serían seis a partir de diciembre y Sosa representaría un séptimo brazo.
Por el lado radical, más de uno ya se relame: el desafuero le quitaría una banca al PRO, que quedaría en Diputados con la solitaria representación de Enrique Cesarini.
La continuidad de Saseta depende, de tal modo, de la voluntad de los oficialistas, que tampoco tienen muchos motivos para blindarla.
Más allá de estas especulaciones, el caso Saseta tiene algunos puntos de contacto con el de Julio Segundo “Chocolate” Rigaud, puntero y empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que fue capturado mientras extraía sueldos de un cajero automático con medio centenar de tarjetas pertenecientes a agentes parlamentarios.
Lo de Saseta era más precario, casi artesanal, pero debe considerarse que aún no había cumplido un año como diputada cuando su exempleado la denunció, de modo que carecía de la experiencia del “Chocolate” bonaerense.
Ambos episodios, no obstante, coinciden culturalmente en exigir a los escalafones más bajos de la estructura parte de los emolumentos que el Estado les paga para solventar cajas políticas.
La instalación de “chocolaterías” parece ser costumbre transversal, inmune a la grieta.
