Un nuevo frente se abre para Javier Galán: se le acusa de peculado de servicios, utilizando empleados de la Legislatura en su comercio personal.
Luego de que las graves acusaciones por abuso sexual hacia el diputado Javier Galán hayan tomado el mayor foco, otro eje dejado de lado fue el peculado de servicios en el que habría incurrido al obligar a trabajar en su negocio particular a empleados cuyos sueldos paga la Legislatura.
El artículo 261 del Código Penal de la Nación establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario público que sustraiga caudales o emplee en provecho propio trabajos o servicios pagados por el Estado. En este marco, el caso Galán adquiere una nueva dimensión pasada por alto por todos, el legislador habría obligado a empleados de la Cámara de Diputados a cumplir funciones en su negocio particular, el “Corralón San Javier”.
La primera en exponer la maniobra fue Daniela Solohaga, quien denunció al diputado y aseguró que, pese a estar designada en la Legislatura, debía trabajar en el comercio de Galán como contraprestación de su sueldo. Su testimonio fue ratificado por Iván Luna Avellaneda, uno de los testigos que acompañó la denuncia, quien también afirmó haber sido designado en la Cámara pero obligado a desempeñar tareas en el corralón.
"Me dijo que yo tenía que negar a mi compañera, que tenía que decir que ella jamás trabajó en el Corralón, que yo jamás trabajé ahí, que nunca nos pidió dinero. Yo soy empleado de la Cámara de Diputados y parte de mi sueldo se la entrego a Galán mediante transferencias a terceras personas, la mayoría de ellas mujeres de entre 12 y 30 años", remarcó el empleado, que pasó de testigo a denunciante.
"Me dijo que estaba metido en un problema y que si a él le pasaba algo, todos nos podíamos quedar sin trabajo", aseguró.
Por otro lado, la situación generó repercusiones en el ámbito político. La diputada del PRO Natalia Saseta se vio involucrada tangencialmente, luego de que Galán la mencionara al sostener que, si se le quitan los fueros a él, debería aplicarse el mismo procedimiento a ella. Saseta respondió en defensa propia, marcando diferencias con el caso: “Mi situación es totalmente diferente a la del diputado Galán. No ha sido tratado mi desafuero porque hoy está siguiendo el procedimiento que debe seguir en la Justicia y, como el expediente no se encuentra hoy en la Cámara, es imposible que eso se pueda tratar”, afirmó.
En tanto, en la jornada de hoy en la primera sesión ordinaria la diputada Sonia Nabarro cuestionó duramente a Galán, aludiendo a su trato hacia los empleados y a la violencia que ella misma habría recibido. “Se hace el Robin Hood. No saben lo que yo he pasado. La violencia que he recibido. Todos sabemos la clase de persona que es y el trato que da. Por qué no dice que a sus empleados los tiene nombrados en la Cámara para trabajar en su comercio.”, disparó, reforzando la acusación de peculado
