martes 17 de mayo de 2022

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El Mirador Político

Breve reseña de la trampa piramidal

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15 de mayo de 2022 - 01:10

La alteración de la paz social que aflige al juez federal Miguel Contreras, al punto de beneficiar con la prisión domiciliaria de hecho a Edgar Adhemar Bacchiani, titular de Adhemar Capital, para que abra sus cuentas virtuales y determinar si tiene dinero suficiente para pagarle a sus damnificados, es producto de la angustia y la rabia engendradas por la incertidumbre. Nadie está en condiciones de garantizar que el patrimonio de los presuntos estafadores baste para resarcir a los damnificados que puedan demostrar el origen legítimo de los depósitos estafados.

La propia necesidad de trasladar a Bacchiani a su casa demuestra que no se tomaron oportunamente medidas precautorias tendientes a evitar que se insolvente en forma fraudulenta.

¿Dónde está la plata? Es la pregunta que los magistrados no pueden responder.

Las objeciones que la Justicia de Córdoba y un juez federal de Santiago del Estero que subroga en uno de los expedientes, oficializaron sobre el desempeño del fuero federal de Catamarca y han erosionado casi hasta el anonadamiento su credibilidad y no es casual. Se superponen a las evidencias de una interna en el marco de la cual los fiscales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz pidieron el apartamiento del juez en una causa por narcotráfico nada menos que por amparar a uno de los sospechosos, que es aparte el ex camarista provincial Juan Pablo Morales, quien renunció para evitarse un jury por coimas.

Las evidencias de descomposición en la Justicia, que abarcan la defección del fuero provincial, extendió en la sociedad la impresión de haber quedado indefensa. Eso explica que busque en manifestaciones y caravanas nocturnas de escrache las respuestas que sus jueces y fiscales no pueden o no quieren darle.

Sobre este lamentable escenario, sectores de la política despliegan un juego de evidente memoria selectiva. Deliberadamente omiten el rol cumplido por muy caracterizados y encumbrados referentes, que empeñaron prestigio y posición social y política en la edificación de la fe ciega en la cripto-fiebre y muy particularmente en Bacchiani, fascinante personaje central de la saga.

Una cronología de los hechos contribuirá a tomar perspectiva para disminuir la confusión que más de uno apuesta a incrementar, con la intención de direccionar broncas y sacar tajada.

31 de agosto de 2020. El Ancasti publica la columna Cara y Cruz “Un Ponzi suelto en Catamarca”, en la que advierte sobre los riesgos de las operaciones que desarrolla Edgar Adhemar Bacchiani.

19 de mayo de 2021. Ante la fiebre desatada por las desmesuradas rentabilidades que ofrecen las criptofinancieras, sin facultades para clausurarlas por los vacíos legales al respecto, la Agencia Recaudadora de Catamarca impone una tasa de entre el 5 y el 7% por Ingresos Brutos a las utilidades obtenidas con especulación en criptoactivos. Designa como agentes de retención a Adhemar Capital SRL; Roldán Mariano Alejandro; Sierra José Luis y RT Inversiones.

El mismo día, el BCRA y la CNV alertan que las inversiones en criptomonedas pueden ser mecanismos para cometer fraudes, lavar activos y financiar terrorismo.

27 de agosto. Los controles estatales provocan incidentes en las financieras. El presidente del congreso de la CC-ARI de Catamarca, Mariano Manzi, sale en defensa de la especulación. Cuestiona los gravámenes a las inversiones en cripto, a las que considera “una oportunidad de desarrollo”. Los impuestos y las “regulaciones excesivas”, señala, “terminan por ahogar a los emprendedores e innovadores”.

28 de septiembre. Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil y La Rioja, Ricardo Quintela, piden al Central y a la CNV que fiscalicen las actividades de las financieras que ofrecen tasas exorbitantes. Mencionan el mecanismo de los “pozos”, las tomas de créditos y la venta de bienes para meterse en el circuito. Requieren regulación y control.

30 de septiembre. Manzi hijo, ya candidato a diputado de Juntos por el Cambio, sale al cruce de Jalil y Quintela. “¡No le tengan miedo al progreso, por el contrario apóyenlo, no pretendan aislar al país y a Catamarca del mundo!”, exhorta.

30 de octubre. Disertación peripatética de Bacchiani en el club Red Star: “Educación Financiera en el marco actual de las criptomonedas”.

12 de noviembre. Juntos por el Cambio cierra su campaña electoral en “Wika”, complejo nocturno que había sido comprado por Bacchiani a Cristian Guillou, cuya propiedad está actualmente en litigio.

24 de noviembre. Los diputados del PRO Natalia Saseta y Diego Martín Figueroa, proponen que la Cámara baja declare de interés parlamentario la disertación de Bacchiani y le entregue un diploma.

9 de enero de 2022. Bacchiani anuncia que reducirá las rentabilidades desde el 15 de febrero por la incertidumbre del mercado cripto. Advierte sobre “pseudoempresas” que ofrecen utilidades desmesuradas, pero aplican esquemas “piramidales” o se dedican a la usura. De todos modos, convoca a aprovechar el tiempo hasta entonces para invertir en AC con las tasas en vigencia y asegura beneficios especiales para “comerciantes, empresarios, industriales y emprendedores”.

15 de enero. El Ancasti informa que el BCRA, tras una auditoría, pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que investigue si Bacchiani está perpetrando estafas piramidales.

19 de enero. Manzi hijo recomienda al gobernador Jalil “terminar con esta burda parodia de mostrar preocupación por la salud financiera de los catamarqueños, porque eso no es un problema real de los ciudadanos”.

20 de enero. Bacchiani se lanza como candidato a gobernador.

26 de enero. Bacchiani anuncia que puso todo en Bitcoins para desarrollar una estrategia “long-short, short-long”.

27 de enero. La CNV intima a Bacchiani a dejar de operar en Catamarca, Tucumán y Córdoba por no estar autorizado ni inscripto siquiera como “idóneo”.

3 de febrero. Bacchiani se presenta espontáneamente en la Fiscalía Federal para ponerse a disposición y ofrecer prueba porque dice haberse enterado de que hay una denuncia en su contra. Se revela que el fiscal Santos Reynoso había iniciado de oficio una “investigación preliminar” el 16 de septiembre de 2020, a partir de la columna “Un Ponzi suelto en Catamarca” que le había hecho llegar Gendarmería.

15 de febrero. Bacchiani escapa de su casa custodiado por la Policía para evitar represalias de acreedores enardecidos. “Vamos a ver esos que gritan ladrón si la pueden justificar”, advierte.

18 de febrero. Bacchiani anuncia que está “en tratativas con el Gobierno” para lograr “la paz social”. El Gobierno lo desmiente.

5 de marzo. La Mesa Provincial de Juntos por el Cambio modifica su posición y acusa al gobernador Jalil de haber convalidado a las financieras por cobrarles impuestos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, replica: “Hipócritas y caraduras”.

9 de marzo. La fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, allana la sede de AC en el Cerro de las Rosas, en el marco de una causa por estafas iniciada el 23 de febrero.

22 de marzo. Rissi indaga a Bacchiani y le impone una caución de $40 millones como condición para dejarlo en libertad.

5 de abril. La tensión hace metástasis. Presión de los clientes sobre RT Inversiones, de Edgardo Bulacio. Allanan las oficinas de Callvu, de Cristian Rojo. Empiezan las manifestaciones que pronto darán lugar a las caravanas nocturnas de escrache. Las denuncias empiezan a apilarse: Sierra Stratton, la filial local de Generación Zoe, Inchausti. Beta Bank es la última.

18 de abril. Tras la Semana Santa, Bacchiani se interna en el Sanatorio Junín, con un pico de presión. En Tucumán, la sede de AC amanece cerrada “por desinfección”.

22 de abril. La Justicia Federal detiene a Bacchiani y su línea gerencial en Catamarca y Tucumán. Conflicto con la Justicia cordobesa, desde donde había llegado un exhorto para lo mismo el día anterior, tras un requerimiento que la fiscal Rissi había planteado el 19. Los cordobeses, sin embargo, logran allanar la sede de AC y la casa de Bacchiani y se llevan lo secuestrado.

25 de abril. Tras la indagatoria a Bacchiani, el fiscal federal Santos Reynoso cuestiona a la Justicia cordobesa por “entorpecer el procedimiento”. Bacchiani ofrece un insólito plan de pagos para cumplir con sus acreedores en un plazo de entre 120 y 150 días si le permiten acceder a sus cuentas virtuales.

26 de abril. El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Sebastián López Peña, pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que evalúe la conducta del juez federal Contreras y los fiscales Reynoso y Rafael Vehils Ruiz, porque sospecha que la detención de Bacchiani en Catamarca se concretó para entorpecer la investigación mediterránea y protegerlo.

28 de abril. El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, informa al Procurador General de la Nación que el Ministerio Público Fiscal Federal de Catamarca le negó acceso a los expedientes de “RT Inversiones” y “Stratton Sierra”.

29 de abril. Indagan nuevamente a Bacchiani en Córdoba. Promete pagar.

10 de mayo. El juez federal habilita el traslado de Bacchiani a su domicilio para que pueda abrir sus cuentas y establecer cuánto dinero tienen para cumplir con los acreedores.

11 de mayo. Por orden del juez Argibay, detienen a Edgardo Edmundo y Edgardo Federico Bulacio, padre e hijo y a los ejecutivos de RT Inversiones. Diputados de la UCR piden informes por supuestas inversiones de fondos municipales y provinciales en las pirámides.

12 de mayo. Detienen al ex propietario de RT, Miguel de la Orden y a su hermano José.

El gobernador Jalil recuerda el respaldo de la oposición a Bacchiani. Al día siguiente, la Mesa de JxC vuelve a acusarlo de haber legalizado las estafas.

La cronología es ilustrativa. Las reservas sobre lo que estaba gestando en Catamarca fueron planteadas por este diario 17 meses antes de que se tomaran las primeras medidas tendientes a encartar a Bacchiani. Fueron esas reservas, justamente, las que originaron la “investigación preliminar” de la Fiscalía Federal en septiembre de 2020.

En el dilatado lapso entre la apertura de ese expediente y las primeras medidas tendientes a encartar a Bacchiani y sus epígonos, los indicios de que el ecosistema montado sobre utilidades tan fantásticas como insostenibles marchaba al colapso se multiplicaron. El fuero federal no intervino de ningún modo, cosa que podría haber hecho, ya que había comenzado a investigar “de oficio”, sin necesidad de denuncias.

Por casualidad, seguramente, su reacción coincidió con la ejecutividad de la fiscal Rissi, que puso en capilla al “Trader God” apenas un mes después de recibida la primera denuncia. Lástima que el humor de los defraudados ya no estuviera para creer en casualidades.

La pacificación requiere ahora revertir esa incredulidad y enderezar el trámite judicial catamarqueño. Resta ver si al fuero federal le alcanza con los exotismos jurídicos para conseguirlo.

Quienes contribuyeron con acciones y omisiones a conformar este escenario, por su parte, harían mejor en no echar nafta al fuego. No solo porque la prudencia es virtud política cardinal y la responsabilidad lo exige, sino en defensa propia: algunos estafados podrían curarse de la amnesia y recordar quiénes participaron de la emboscada y cómo tendieron la trampa piramidal.

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