La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
El empresario cumple con arresto domiciliario en Río Negro y es requerido por la justicia de EE.UU por narcotráfico y lavado. Ahora Milei tiene la última palabra.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy que es “procedente” la extradición a los Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, el empresario que está acusado de delitos ligados a narcotráfico, lavado de dinero y estafa, y que aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert. Ahora, la última palabra la tendrá el presidente Javier Milei. El trámite de la extradición le otorga al Poder Ejecutivo la decisión final para entregar o no a la persona requerida por el otro estado. En este caso se da una situación peculiar: el abogado que representa a Machado en el expediente de la extradición es Francisco Oneto, abogado personal de Milei.
La Corte Suprema tomó su decisión por unanimidad. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que están dadas las condiciones para hacer lugar al pedido de los Estados Unidos.
El empresario está preso desde el 16 de abril de 2021, cuando lo detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén a raíz del requerimiento internacional. Un día después, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva dispuso su arresto preventivo. Desde entonces, está preso a la espera de que se defina si lo extraditan. Cumple arresto domiciliario en Viedma. Esta situación podría cambiar ahora que la Corte dictó finalmente el fallo en su contra. El juez podría considerar que se agravan los riesgos procesales (por el peligro de fuga, básicamente) y disponer su detención en un centro carcelario.
El 12 de abril de 2022, Villanueva, titular del juzgado federal 2 de Neuquén, declaró por primera vez “procedente la extradición” de Machado, que recurrió ese fallo. El 4 de abril de 2023, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de la extradición y el caso quedó en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema, que dos años y cuatro meses después -el 21 de agosto pasado- volvió a remitir el caso al juez de Neuquén.
Se lo envió porque la defensa de Machado había presentado un escrito casi nueve meses antes (el 29 de noviembre del año pasado) en el que había alegado que una sentencia en favor de la hija de Debra Mercer-Erwin (la socia de Machado, que está condenada) en los Estados Unidos podría hacer caer las acusaciones de “conspirancy” contra él. La Corte le indicó la semana pasada al juez de Neuquén que, vía la Cancillería, le pidiera a la justicia estadounidense que le informara sobre el fallo que, según el abogado Oneto, ponía en jaque los argumentos para la extradición.
Villanueva cumplió con lo encomendado. El jueves pasado recibió la respuesta de Estados Unidos, que insistió con el pedido de extradición y dijo que nada había cambiado para Machado pese a lo esgrimido por Oneto. El viernes, con esa respuesta, el juez de Neuquén volvió a enviar el expediente a la Corte, que hoy dio luz verde a la extradición.
Con su recurso, Oneto consiguió demorar casi un año el trámite contra Machado. El abogado ya había presentado en este expediente cantidad de planteos de nulidad contra el avance del proceso, que fueron todos rechazados. Hoy, finalmente, terminó el proceso judicial, cuatro años y cinco meses después de que Machado fue detenido en Neuquén.
La decisión de Milei
En toda extradición la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, a quien la ley le concede la “decisión final”. En este expediente se da una situación particular dado que el hombre que pide Estados Unidos comparte abogado con el Presidente. Machado se refirió hoy a esta cuestión. En una entrevista con Radio Rivadavia dijo: “Yo comparto abogado, pero es como compartir cocinera. El Presidente, para firmar la extradición, no le va a pedir permiso al abogado”.
Ahora, la Corte debe remitirle a la Cancillería el expediente judicial completo, para que el Poder Ejecutivo resuelva de manera definitiva la concesión o no de la extradición, dentro de los diez días hábiles.
Para rechazar el pedido, el Poder Ejecutivo podría alegar, según la ley, “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.
