Tras la eliminación del impuesto PAIS, el Ejecutivo extendió por decreto de necesidad y urgencia la medida, que grava a los boletos aéreos, marítimos y fluviales al exterior.
El Gobierno extendió por dos años la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, prolongándolo hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que se mantiene el impuesto del 7% sobre el precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior.
La medida fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 4/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el canciller, Gerardo Werthein, el ministro de Defensa, Luis Petri, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Este programa, implementado hace 20 años, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria turística en el país. A partir de ahora, estará bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
El fondo fue originalmente creado por la Ley Nacional de Turismo promulgada en enero de 2005, cuyo propósito es promover, regular y desarrollar la actividad turística en el país. Además, la norma establece la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos nacionales, garantizando la calidad y fomentando la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito turístico.
El principal propósito del Fondo es fomentar y regular la actividad turística nacional, con un enfoque en el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de los servicios turísticos. Su administración está a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, en colaboración con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
Se financia mediante diversas fuentes: las partidas asignadas en el Presupuesto de la Administración Nacional, donaciones y legados al Estado nacional destinados a fines turísticos, intereses, recargos, multas y otras sanciones económicas por incumplimientos de la normativa vigente, ingresos provenientes de servicios prestados a terceros y concesiones otorgadas, además del mencionado impuesto del 7% conocido como DNT, según lo estipulado en la legislación.
Por decreto, el Gobierno de Javier Milei ordenó disolver otros tres fondos fiduciarios. Se trata del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social.
"Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente", señaló el Gobierno en un comunicado.
El Ejecutivo aseguró que el PRODAF "ya cumplió su propósito y desde 2020 no registra desembolsos". En cuando al FFSU, consideró que "no cumplió su finalidad", mientras que apuntó contra el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social por haber sido utilizado "con finalidades políticas y clientelísticas, y evidenciado irregularidades e incumplimientos".
