La iniciativa busca establecer un marco procesal autónomo, moderno y especializado para abordar los conflictos familiares.
Con el objetivo de modernizar el sistema judicial y adecuarlo a las nuevas demandas sociales, la Cámara de Diputados de Catamarca otorgó media sanción al proyecto de ley del Código Procesal del Derecho de las Familias, una iniciativa que establece un marco procesal autónomo, moderno y especializado para abordar los conflictos familiares.
El miembro informante del proyecto, presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado Exequiel Moreno, destacó el alcance estructural de la propuesta al afirmar: “Este proyecto no es una reforma, es una modernización del Código Procesal de Familia. Propone un cambio de paradigma con una mirada más humana, atendiendo las realidades sociales. No regula expedientes, regula dolor, regula realidades”. En ese sentido, remarcó que la iniciativa es el resultado de un trabajo “serio, consensuado y técnicamente elaborado”, y que busca un rol más activo de los jueces con respuestas concretas y centradas en las personas.
El nuevo Código incorpora principios rectores como la oralidad, la celeridad, la tutela judicial efectiva, la perspectiva de género y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Además, introduce herramientas tecnológicas como el expediente digital y regula el uso ético de la inteligencia artificial, estableciendo su carácter exclusivamente auxiliar dentro del proceso judicial.
Durante el debate, legisladoras del bloque Frente de Todos defendieron la inclusión de la perspectiva de género como un eje central del proyecto. Stella Nieva cuestionó a la oposición al señalar que “lo único que hicieron fue tachar la palabra ‘perspectiva de género’, cuando la ley está toda igual”, y advirtió que dicho enfoque se encuentra respaldado por la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.
En la misma línea, María de los Ángeles Herr subrayó que “un 47% de los hogares del país cuentan con jefatura femenina”, y consideró “ilógico” poner en duda la necesidad de incorporar esta perspectiva en el texto normativo. Por su parte, María Argerich calificó la iniciativa como “histórica” para la provincia y sostuvo que la perspectiva de género “no se trata de favorecer a una parte, sino de garantizar la igualdad ante la ley”.
La normativa se alinea con el Código Procesal Civil vigente y prevé su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2026, consolidando un cambio de paradigma hacia un sistema de justicia más ágil, accesible y centrado en las personas. Ahora, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.