Los ataques misóginos por parte de comunicadores y diputados nacionales a la actriz Florencia Peña por haberse reunido en la Quinta de Olivos con el presidente de la Nación mientras regían restricciones de circulación y reunión como medidas de prevención sanitaria, volvieron a poner en discusión qué hacer como sociedad frente a los llamados discursos de odio.
¿Qué son los discursos de odio? En el sistema interamericano de derechos humanos es un tipo de discurso con características muy específicas: incita a la violencia de manera directa y pública contra un determinado grupo por el hecho de pertenecer a ese grupo social. En Argentina no existe como figura jurídica. En el uso social, lo aplicamos a discursos misóginos, homofóbicos, racistas, xenófobos, clasistas. En general, se asocian también a campañas de desinformación y noticias falsas y a una sobrevaloración de la “incorrección política”. Ponen en cuestión los consensos que, como sociedad, tenemos sobre a qué consideramos Verdadero y a qué definimos como Justo.
¿Por qué medios se emiten los discursos de odio? Los discursos de odio no son nuevos ni exclusivos de las redes sociales. Han existido históricamente en las diversas sociedades y se han transmitido por los medios técnicos disponibles en cada época: panfletos mimeografeados, medios de comunicación analógicos, redes sociales, espacio urbano (paredes, calles, etc.).
¿Quiénes los producen? No es lo mismo si lo producen personas sin influencia y los difunden por medios de comunicación o redes sociales marginales, a que lo hagan las élites. Los dirigentes políticos, sociales, religiosos y mediáticos que tienen capacidad de influencia tienen mayor responsabilidad. Los grupos poderosos son los productores de discursos de odio que tienen responsabilidad.
¿Contra quiénes se producen? Contra grupos subalternos, socialmente vulnerabilizados, que están en posición de vulnerabilidad. En ese sentido, suelen agudizarse cuando esos grupos buscan, pueden conseguir y/o consiguen avances en sus derechos.
¿Para qué se producen? Se producen con dos objetivos. El más evidente es que buscan deslegitimar públicamente a sujetos, desacreditar lo que dicen y, en definitiva, silenciarles o, al menos, quitarles influencia. Además, tienden a cambiar las reglas del debate público, buscan forzar a los/as/es otros/as/es intervinientes en la discusión a responder de esos modos. En consecuencia, tienden a empobrecer el debate público, lo vuelven elemental y rudimentario.
¿Qué influencia tienen esos discursos? Cuanto mayor capacidad de influencia tiene quien produce el discurso, mayor probabilidad de generar daño tiene ese discurso. Los discursos de odio no sólo generan y promueven el odio y la violencia sino que también expresan algo que ya existe en la sociedad. El problema mayor es cuando ese tipo de ataques genera rating en los medios, likes y seguidores en las redes sociales, y votos y adhesión política. Este tipo de ataques hacen apelaciones emocionales y de sentido común que suelen generar adhesión.
¿Qué es posible hacer frente a los discursos de odio? ¿Cómo fortalecer la calidad del debate público? Hay diversas iniciativas impulsadas por periodistas, medios, organizaciones sociales y el Estado. Como usuarios/as/es de redes sociales y públicos de medios, es central no reproducir esos discursos ni siquiera para criticarlos, no contribuir con su circulación. Por el contrario, es recomendable sostener los límites de nuestra intervención en las redes sociales y los espacios públicos dentro de la argumentación lógica, basada en datos precisos y empíricamente comprobables, y contribuir a comunicar emociones democráticas como la empatía, el respeto y la solidaridad. Las estrategias pedagógicas y de sensibilización pública son también fundamentales no sólo en los ámbitos formales de las escuelas y universidades del sistema educativo, sino también en organizaciones sociales, redes comunitarias, medios de comunicación, instituciones estatales. Las políticas públicas que propicien estas estrategias son la mejor opción desde el Estado. Cuando todo esto resulta insuficiente y como último recurso, los Estados cuentan también con la posibilidad de sanciones administrativas, civiles e, incluso, penales contra estos ataques.
Los interrogantes que están en el fondo de lo que planteamos son: ¿Cuánto debemos tolerar al intolerante? ¿Cómo combatir el discurso anti-derechos? ¿Es posible conversar con un fascista? Para definir estas estrategias es necesario preguntarse cuáles son las condiciones de aceptabilidad de estos discursos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad para que estos contra-valores generen adhesión ? ¿Cuáles son los niveles de violencia y discriminación social que vivimos y que hacen que estos discursos resulten atractivos para algunos/as/es?
Sin embargo, también es imperioso conocer y reconocer nuestras fortalezas sociales, los caminos ya andados colectivamente. Nuestro país tiene un debate público vigoroso, apasionado, vital. Es decir: tiene mucha experiencia y capacidades en este terreno. Además, cuenta con décadas de trabajo intenso de los organismos de derechos humanos y muchísimas instituciones estatales y de la sociedad civil que nos han educado en derechos humanos y nos han enseñado el camino de la justicia y la democracia. Un debate público intenso, diverso y respetuoso es condición necesaria para la ampliación de derechos y el sostenimiento de la democracia.
*Profesora en la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET. Lic. en Comunicación Social, Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea y Doctora en Ciencias Sociales.