El diputado de la UCR Francisco Monti presentó un pedido de informes donde solicita al Ejecutivo provincial "precisiones” acerca de normas complementarias o reglamentarias adoptadas en el marco del “Régimen de prestaciones médicas - especial COVID-19".
Este régimen fue creado en noviembre del año pasado mediante decreto y tiene como finalidad "el subsidio de las prestaciones médicas para la detección y atención de casos sospechosos o positivos de coronavirus y la atención de pacientes con patologías prevalentes y guardia en general que deban ser atendidas por prestadores del sector privado”.
Sobre este decreto, Monti también le pide al Ministerio de Hacienda que se informe sobre la previsión de recursos para financiar el sistema de subsidios en el régimen.
Además, le solicita al Ministerio de Salud que explicite los términos del acuerdo con el sector privado de salud en relación con la atención del COVID-19, indicando: infraestructura, camas disponibles, capacidad para internación en terapia intensiva e intermedia y "todo dato relevante a fin de garantizar los derechos constitucionales de la población de acceder al servicio de salud".
Finalmente, le requiere a la cartera sanitaria que informe de “manera detallada” la totalidad de insumos, camas disponibles, capacidad para internación en terapia intensiva e intermedia y todo dato disponible en los sanatorios para la atención del COVID-19 a fin de hacer operativo el régimen.
En los fundamentos, el diputado advierte que la resolución en cuestión "da por sentado la coexistencia y la corresponsabilidad de la atención del COVID-19 del sistema público de salud y del subsistema privado".
"En el caso de Catamarca, la política sanitaria de contención de la pandemia, en lo que refiere a cuidados en terapias intermedia e intensiva, consistió básicamente en una suerte de estatización de la atención de pacientes con la puesta en funcionamiento del Hospital Malbrán y de un área especial en el San Juan Bautista", dijo.
"Este sistema “liberó” a los Sanatorios Privados de recibir el impacto que implica la recepción y atención de pacientes con COVID-19, situación que se vino manteniendo hasta la saturación y casi colapso del sistema público, dijo y añadió: “Allí es donde adquiere relevancia el decreto que prevé la activación de un mecanismo especial de 'subsidio' en favor de pacientes que requieran atención en el subsistema privado y que al carecer de cobertura de obra social, mal pueden afrontar el costo del tratamiento".
En este contexto, el diputado observa con “preocupación la falta de información oficial de la específica capacidad del sector privado en relación con la atención de pacientes de COVID-19, por la falta de publicación de datos duros respecto de recursos disponibles para la atención de la pandemia en todo el sistema de salud consolidado (público y privado)”.
“Preocupan además las declaraciones que realizaron con algún nivel de contradicción los funcionarios del Gobierno provincial y los representantes de FECLISA respecto de la predisposición y capacidad del sector privado”, añadió.
