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Comisión Bicameral

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14 de septiembre de 2006 - 00:00
El senador por Valle Viejo, Dalmacio Mera, negó que vaya a reclamar para sí la presidencia de la Comisión Bicameral de seguimiento de los contratos públicos que actualmente ejerce María Julia Acosta, pese a que -según resaltó- la ley de creación de la comisión lo habilitaría a asumir el cargo.

Mera anticipó que no insistirá con el cargo porque “tengo la visión de que la presidenta está haciendo bien las cosas y no hay porqué cambiarla”, pero aclaró que su sector tampoco va a permitir “que otros reclamen la presidencia”, en alusión al kirchnerismo que postulaba para el cargo al diputado Néstor Tomassi.

Hace un par de semanas y en el marco de la ocupación de dos vacantes dentro de la comisión que finalmente -y en una votación polémica- quedaron en manos de los diputados kirchneristas Nicolás Verón y Tomassi, comenzaron las especulaciones sobre quién se quedaría al frente de la Bicameral.

Al respecto, la presidenta de la comisión consideró que reemplazarla sería ilegal porque su mandato sigue vigente, pero aseguró que el tema aún no está concluido.



Sesión permanente

Los legisladores integrantes de la Bicameral mantuvieron ayer por la tarde una nueva reunión en la que continuaron analizando, “punto por punto”, el acta-acuerdo elaborada entre el Gobierno y EDECAT por la cual se prorroga por dos años el contrato a la concesionaria. Según señaló la presidenta de la comisión al término del encuentro, “se escucharon las opiniones de varios legisladores y hubo consenso de que sí o sí habría que modificar el acta, no sólo en algunas sino en muchas de sus cláusulas”.

Pese a que en principio se anticipaba que este viernes podrían estar listos el o los dictámenes con relación al acta, Acosta señaló que en el encuentro se acordó “no apresurar los tiempos ni pretender resolver en 24 horas lo que el Gobierno tardó años en definir”. Mañana a las 17 continuará el debate en el marco de la comisión. Los legisladores tienen plazo hasta el 27 de septiembre para expedirse; de lo contrario quedaría ratificada el acta tal como fue acordada entre el Ejecutivo y la privatizada.
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