La semana pasada fue noticia un hecho que corrobora los riesgos de la utilización de la inteligencia artificial, lo que motivó que otra vez se multiplicaran las voces que reclaman acerca de la necesidad de una regulación legal.
El hecho en cuestión tomó mayor trascendencia porque derivó en una denuncia judicial contra el autor del hecho, que manipuló, vía inteligencia artificial, imágenes de sus compañeras de un colegio de Córdoba, las que fueron fusionadas con videos sexuales que luego fueron subidos a sitios pornográficos. Es prácticamente imposible, sin acudir a algunos recursos tecnológicos, identificar la manipulación de este tipo de videos, por lo que el daño a las víctimas es mucho más severo que el que provocaría una broma de mal gusto.
El padre de una de las víctimas de esta manipulación fue quien presentó la denuncia contra el creador de las imágenes artificiales. La dificultad para avanzar en la investigación del hecho y eventualmente en el castigo del culpable no es tanto que el autor sea menor de edad, sino que las víctimas son mayores de edad. El marco legal vigente que podría aplicarse a este caso el artículo 128 del Código Penal, que establece, desde que fue modificado hace seis años, una pena de tres a seis años de cárcel para aquella persona que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, representaciones sexualizadas de personas. Pero la norma especifica que es aplicable a víctimas menores de edad.
La decisión de la Justicia cordobesa fue derivar el caso a una unidad judicial contravencional de género. Delito penal no se puede investigar. Habrá, seguramente también, sanciones en el ámbito del establecimiento educativo, una medida insuficiente para la gravedad del hecho.
Como se dijo, el hecho generó opiniones a favor de avanzar en la regulación del desarrollo, producción y uso de sistemas basados en inteligencia artificial. El puntapié inicial en la materia le correspondió a la Unión Europea, que aprobó en marzo pasado un marco legal para garantizar la seguridad y la transparencia en la utilización de la inteligencia artificial. Varios estados de EE.UU. también lo hicieron.
La regulación internacional es impulsada a nivel supranacional por la Unesco, que además lanzó recomendaciones para el uso de esta tecnología según criterios éticos, sobre todo en lo que respecta a la afectación en la vida de las personas.
En Argentina se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial de forma responsable. El autor es el diputado nacional cordobés de la Democracia Cristiana, que promueve que la IA se aplique con intenciones “éticas y trasparentes, respetando los derechos humanos, la privacidad, la seguridad y la equidad”.
La iniciativa tal vez pueda ser enriquecida para su aprobación. A diferencia de otros temas que en los últimos meses han pasado por el Congreso y que han despertado arduas disputas, es de esperar que en éste, donde los condimentos ideológicos son menos evidentes, se puedan lograr acuerdos para modernizar la legislación adaptándola a las necesidades de las vertiginosas transformaciones tecnológicas. n
