Entre las muchas críticas que se le hacen, con justa razón, al funcionamiento de la Justicia, se puede mencionar la de las injustificables demoras en la tramitación de las causas, muchas de las cuales prescriben sin que se determine la culpabilidad –aunque tampoco la inocencia- en la comisión de delitos de las personas que son mencionadas como responsables. Las dilaciones tienen distintas razones: algunas vinculadas a la burocracia administrativa y otras a la reticencia de fiscales y jueces a investigar causas en las que se hallan involucradas personas que tienen o han tenido poder dentro de la sociedad. Se sabe, es mucho más fácil condenar a pobres que a poderosos. El factor político siempre incide en la administración de justicia, y no debería ser así.
Hay causas imprescriptibles, como por ejemplo las que investigan crímenes de lesa humanidad. En estos casos, los atrasos en la tramitación de las causas son aún más evidentes. Pueden pasar décadas sin que los hechos delictivos lleguen a juicio y los responsables castigados según lo que marca la ley. La Justicia argentina tiene aun una deuda con la sociedad respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983. La culpa no es exclusivamente judicial, sino también de la política: en diciembre de 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se sancionó la Ley de Punto Final y un año después la de Obediencia Debida, que paralizaron las causas. En octubre de 1989, Carlos Menem indultó a los jerarcas máximos de la represión que habían sido condenados en 1985.
Recién en 2003, con la anulación de las dos leyes y del indulto, los juicios estuvieron en condiciones de reanudarse, pero no fue sino hasta 2006 que empezaron a condenarse a los culpables de crímenes atroces, como asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones y robos de bebés, entre otros.
Es mucho más fácil condenar a pobres que a poderosos. El factor político siempre incide en la administración de justicia, y no debería ser así
Un informe recientemente publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, indicó que desde el reinicio en 2006 de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país. Actualmente hay 643 causas en trámite en las que son investigadas por delitos de lesa humanidad -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3.640 personas. Una de las causas que permanecen impunes es la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca en agosto de 1974, en la que miembros del Ejército ejecutaron a 14 guerrilleros del ERP que habían entregado sus armas. La causa se encuentra en la Corte Suprema desde hace más de cinco años sin que resuelva una apelación. Los asesinos siguen en libertad.
A casi 40 años de la finalización de la dictadura, gran cantidad de crímenes quedan impunes y muchos de los autores murieron sin recibir la condena que merecían. El informe sostiene que “las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento". Se trata de una de las tantas deudas, tal vez la más importante, que la Justicia argentina tiene con la sociedad.
