Uno de los temas que fue abordado tangencialmente en el segundo de los debates presidenciales fue el de la portación de armas por parte de la sociedad civil. Lo introdujo Patricia Bullrich para criticar a Javier Milei, que en más de una oportunidad, aunque ahora relativice su posición, se pronunció a favor de la libre portación de armas.
La chicana de la candidata de Juntos por el Cambio fue sorpresiva, no solamente porque el tema no estaba dentro de la agenda de temas a debatir, sino además porque ella misma había sostenido, cuando era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, una posición similar a la de Milei. Hace cinco años señaló que “el que quiera estar armado, que ande armado. Argentina es un país libre”, como si la libertad se basara en hacer lo que cada uno quiera, aun cuando lo prohíban las normas vigentes.
Para oponerse a la libre portación de armas hay sólidos argumentos legales pero también otros relacionados con la inconveniencia práctica y la peligrosidad que representa. Respecto del aspecto legal, hay que decir que en la Argentina tiene vigencia la ley 20.429, de Armas y Explosivos, y también hay regulación del tema en varios artículos del Código Penal. La ley mencionada prohíbe la portación de armas, con la excepción de los que hayan hecho un trámite y pedido un permiso especial.
Tener un arma y portar un arma son dos cosas distintas. En ambos casos deben contarse con credenciales que se consiguen luego de trámites especiales especificados en la ley. El Código Penal establece, en su artículo 189 bis, penas de 1 a 4 años de cárcel para quienes porten armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Si las armas son de guerra, la pena sube de 3 años y 6 meses a 8 años y seis meses de cárcel.
De modo que no es legal la libre portación de armas y, si se pretende que lo sea, como lo han señalado en distintas oportunidades Milei y Bullrich, es imprescindible modificar la Ley de Armas y Explosivos y el Código Penal.
Respecto de la inconveniencia de tener armas en el domicilio, datos aportados en una columna periodística publicada la semana pasada por la agencia Télam por un experto en el tema, Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, arrojan luz sobre el asunto. Refiriéndose a las armas que son adquiridas para que los particulares se defiendan ante hechos de inseguridad, indica que la persona que con un arma intenta resistir un robo es matada en el 77% de los casos. Además, que en un alto porcentaje esas armas no se utilizan para defensa del accionar de delincuentes, sino en enfrentamientos entre familiares o vecinos, asesinatos en ocasión de riña y accidentes entre niños y jóvenes.
Otro dato impactante: más de un tercio de los femicidios se lleva a cabo con armas de fuego adquiridas para defensa ante hechos de inseguridad.
La libre portación de armas, lejos de solucionar los problemas de inseguridad, es un factor más de acrecentamiento de la violencia.
