Lo más llamativo del comunicado sobre el principio de acuerdo con Estados Unidos es el enorme grado de desigualdad en términos de compromisos ofrecidos por cada parte y que elude todo tipo de referencia al MERCOSUR. Luce mucho más como una devolución de favores por el decisivo salvataje previo a las elecciones pasadas que un acuerdo comercial de mutuo beneficio. O peor aún. Asoma como una nueva versión del "Estatuto Legal del Coloniaje", tal como Arturo Jauretche bautizó al tristemente célebre Pacto Roca-Runciman, firmado en los albores de la "década infame" que consolidaba una relación de subordinación con una Inglaterra en decadencia como potencia hegemónica.
Según el comunicado de la Casa Blanca, Argentina otorgaría preferencias arancelarias en siete sectores relevantes de nuestra industria (medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de bienes agrícolas) y Estados Unidos lo haría en solo dos sectores con difuso impacto y con capacidad productiva local incierta (ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas).
Argentina también eliminaría todo tipo de barreras no arancelarias, sin contrapartida por parte de Estados Unidos, incluyendo entre ellas la bonificación de la tasa estadística aduanera a las importaciones de ese origen. El tributo tiene por objeto específico financiar el funcionamiento del sistema aduanero argentino y esos gastos no se discriminan según la procedencia de las compras externas. El porcentaje que dejaría de recaudarse sería ni más ni menos que el 3% (sí, como el de Karina) de los montos totales de importación. En 2024, la recaudación por esos gravámenes a las compras provenientes de Estados Unidos totalizó 194 millones de dólares. La medida, además, implicaría una alevosa discriminación respecto al resto de los países que le venden a Argentina, incluso iría en contra de nuestros socios del MERCOSUR. El favoritismo por Estados Unidos podría dar lugar a justificados reclamos ante la OMC.
Además, entre otras concesiones, resignaríamos la capacidad de control de las importaciones asumiendo que los estándares estadounidenses son apropiados a las condiciones de consumo y producción locales. Esta imposición desatiende que nuestro país posee condiciones diferentes, por ejemplo, a nivel geográfico y de infraestructura. Los estándares de los reglamentos técnicos de Estados Unidos para la certificación y comercialización de alimentos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, por caso, no necesariamente son compatibles con los de nuestro mercado.
A cambio, lo principal que estaría consiguiendo Argentina son promesas de consideración de reducciones arancelarias y de un mayor cupo de importación en tres rubros de interés real de sectores de poder nacionales: ganadería, siderurgia y aluminio (en estos dos últimos productos recae el 50% de arancel aplicado desde junio pasado y en carne vacuna rigen cupos exiguos). De lograrse algo en este sentido el impacto sería marginal a nivel macroeconómico.
En consecuencia, en caso de ser publicado el texto del acuerdo y ratificado legislativamente (son los pasos siguientes), como resultado de una situación desfavorable en materia tributaria, tecnológica y de escalas productivas descendientes por la baja del consumo y el aumento de la importación que padece la industria nacional, el efecto del acuerdo, sin negociación ni consulta a los sectores afectados, profundizaría el proceso de primarización productiva local, a la vez que golpearía nuevamente la frágil situación fiscal por la reducción arancelaria prevista.
El mercado estadounidense tampoco ha sido un destino de demanda importante de bienes de alto valor agregado local. Por el contrario, representa solo el 8% de las exportaciones totales considerando el promedio de los últimos tres años y un 63% de las ventas se concentran en petróleo crudo, oro, metales, químicos y grasas y aceites, productos de nula o baja agregación manufacturera de valor.
El convenio fue negociado en el marco de una opacidad que ya se ha transformado en un penoso clásico del gobierno de Milei. En menos de dos años de gestión, escondió el envío y el uso del oro de Argentina, ha mantenido enigmáticas intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario y ha ocultado las condiciones de la trama financiera con Estados Unidos. Y el resultado de esta nueva entrega fue presentada vagamente, sin el desarrollo y publicación de estudios de impacto y sin los necesarios entendimientos con los actores interesados e involucrados directamente. Operan impunemente en una clandestinidad impropia para la administración de recursos públicos y con resultados que desalientan el desarrollo productivo.
Además, sorprende que el entendimiento viola el Tratado de Asunción, normativa internacional que creó el MERCOSUR. El artículo 1 del tratado establece que las negociaciones comerciales se realizan en conjunto y, de hecho, así ha sido desde los casi 35 años de vida del bloque regional. Si bien Uruguay intentó negociar de forma individual desde 2021 tratados de libre comercio, todavía no ha presentado un acuerdo de preferencias arancelarias.
En la última reunión del Grupo Mercado Común -es el órgano ejecutivo más activo del MERCOSUR-, celebrada el 3 y 4 de noviembre pasados, las delegaciones de Brasil y Paraguay reiteraron la importancia de las negociaciones en bloque, en línea con los estándares del MERCOSUR y sus objetivos consagrados en sus instrumentos fundacionales. Y, como consta en el acta del encuentro realizado en Brasilia, los Estados Parte recordaron el fuerte ritmo de negociaciones que el MERCOSUR ha venido marcando recientemente, con la conclusión de varios acuerdos, como el MERCOSUR-Unión Europea, el MERCOSUR-AELC (bloque integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y el MERCOSUR-Singapur, además de otras negociaciones en curso. O sea, en un escenario en el que el bloque viene siendo marcadamente aperturista, operar de forma individual y descoordinada, con tratados con resultados desiguales vulnera su institucionalidad y empobrece a nuestro país.
Lo negociado podría romper también el nivel máximo de las excepciones acordadas en el Arancel Externo Común del MERCOSUR (para confirmarlo hace falta que se publique el texto completo del acuerdo, pero con llegar a más de cien las posiciones arancelarias a 8 dígitos del NCM exceptuadas ya provocaría la ruptura). Poner en peligro la relación con nuestro espacio regional de pertenencia también implica una degradación como país que destruiría la principal plataforma de integración regional de inserción internacional, donde en términos comerciales genera la mayor demanda de bienes industriales con más alta generación de empleo formal. El 58,3% de lo que exportó Argentina al MERCOSUR en los primeros nueve meses de 2025 fueron manufacturas de origen industrial y recibió el 20,4% de la exportación total.
Las concesiones sectoriales que demandó Estados Unidos coinciden con rubros donde Argentina tiene capacidades tecnológicas y exporta de bienes no tradicionales que la distingue positivamente del nivel general de Latinoamérica y donde la plataforma de inserción internacional del MERCOSUR fue fundamental para el desarrollo de escalas mínimas de exportación. Ahora ese desarrollo corre peligro.
En definitiva, la pretensión del gobierno de Milei, coronada por el empuje de Estados Unidos, parece buscar acelerar el proceso de latinoamericanización de nuestra estructura productiva y social. Se trata de un ansiado intento de los sectores de poder en Argentina de normalización de nuestro país hacia lo peor de los estandares productivos y distributivos regionales. Lo característico de la normalidad latinoamericana es un esquema productivo donde predomina la explotación de recursos naturales sin valor agregado industrial, la desorganización y disciplinamiento de los trabajadores por parte de los grandes grupos de poder sin tensiones distributivas que garantizan la estabilidad, pero también el sometimiento, la ausencia de una resistencia social amplia y sostenida ante el empeoramiento de las condiciones de vida, la desigualdad distributiva, la ausencia de un sistema de desarrollo científico y tecnológico liderado por el Estado y acentuados límites de acceso a la enseñanza universitaria de alto nivel. Allá vamos.
(*) Economista y docente universitario. Ex Representante Permanente de Argentina para el MERCOSUR y la ALADI.
