En momentos en que se empieza a generar un incipiente debate en torno a la reforma laboral que el gobierno nacional anunció que impulsará en sesiones extraordinarias del Congreso, es interesante analizar algunos antecedentes para comprobar la distancia que hay entre lo que determinadas iniciativas proponen en el plano teórico y cómo impactan luego en la práctica.
Un buen ejemplo son los proyectos impulsados por la gestión de Javier Milei para promocionar el empleo registrado, los cuales, lejos de cumplir con el propósito planteado, terminaron logrando el efecto contrario, esto es, incrementando de manera notable la informalidad laboral.
Hace poco más de un año, en octubre de 2024, el gobierno lanzó el Régimen de Promoción del Empleo registrado, que consistía en una serie de beneficios a empleadores que incumplían con las leyes laborales, propiciando la extinción de acciones penales, la condonación de infracciones y el perdón de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Este “borrón y cuenta nueva” respecto de las infracciones cometidas no logró que baje la informalidad, sino todo lo contrario. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre diciembre de 2024 y julio de 2025 los asalariados privados registrados cayeron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, hubo 14.000 empleos formales menos. La tendencia fue corroborada por los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC: la informalidad laboral aumentó del 36,1% al 37,7%.
Lo que ocurrió es que los empleadores en falta apenas regularizaron poco más de 16.000 puestos de trabajo, es decir, el 0,26% del total de asalariados privados registrados. El perdón otorgado por las irregularidades de contratación no fue un incentivo para blanquear, sino, aparentemente, para persistir en la ilegalidad, a la espera de nuevas condonaciones futuras y sin expectativas ciertas de crecimiento económico en el corto plazo.
La informalidad laboral es un problema estructural en la Argentina, pero hay fluctuaciones en los distintos periodos de gobierno. Durante la convertibilidad y los dos años posteriores a su salida hubo un crecimiento muy marcado del trabajo “en negro”: pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003. Hubo un proceso de disminución hasta el 2015, año en que llegó al 32,5%, para luego repuntar con el gobierno de Mauricio Macri, según los datos de un informe elaborado por Fundar.
La falta de correlación entre los objetivos de los proyectos que buscan promover el empleo en blanco y lo que ocurre en la realidad obliga a replanteos de las estrategias oficiales. La experiencia indica que la formalización laboral es más visible en épocas de crecimiento económico sostenido, como el operado en la Argentina entre 2003 y 2011 (con la excepción del 2009 por la crisis internacional). De modo que tal vez el objetivo deba ser, en un contexto actual de enfriamiento casi recesivo de la actividad productiva y el consumo, poner en marcha los motores de la economía a los efectos de crear las condiciones para una expansión del mercado laboral que sea verdaderamente inclusivo y apegado a las leyes laborales vigentes, sin conculcar derechos de los trabajadores.
