Negociaciones. El gobernador Raúl Jalil con el ministro Diego Santilli y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Antes que la victoria de Javier Milei y La Libertad Avanza, los resultados electorales mostraron la impotencia de las facciones opositoras para articular opciones competitivas. Milei, ya se ha dicho, se alza como el único referente político competitivo de alcance nacional, indiscutible líder del cuadrante que va del centro a la derecha, frente a antagonistas ideológicos desconcertados por la ausencia de liderazgos.
Parece haber extraído algunas enseñanzas de su primera y traumática experiencia electoral como presidente. Cultiva, por ejemplo, la indefinición.
Muy poco se sabe de las reformas laboral y tributaria que se propone llevar adelante ahora que logró quedar mejor posicionado en el Congreso, salvo la línea general de que buscarán reducir costos a la inversión.
Esto es porque el proceso es inverso al que intentó en el inicio de su mandato, cuando envió al Parlamento el mamotreto de la Ley Bases para recién comenzar a negociar con actores del sistema político, mientras les dedicaba lo más granado de su talento para el agravio. Ahora explora acuerdos para tratar de afianzar mayorías que le permitan sacar las modificaciones.
El dogma intransigente cede paso al pragmatismo: el contenido de las reformas no es tan importante como que sean sancionadas. El objetivo principal es exhibir gobernabilidad y competencia para forjar consensos amplios, de modo que los detalles de las normas estarán sometidos a las necesidades que vayan surgiendo de las tratativas.
Los gobernadores se reposicionan como los interlocutores principales para la nueva etapa porque la médula de la discusión es fiscal. Todos los mandatarios, derrotados y triunfadores, probablemente también los cuatro que fueron excluidos del redil, comparten la idea de que es indispensable dotar de credibilidad al sistema para atraer las inversiones que reactiven la economía y volver a insertarse en el mercado de créditos a tasas razonables. Y todos están dispuestos a prestar colaboración en tanto la Casa Rosada les garantice recursos para sus provincias.
El trasfondo de los encuentros con el ministro del Interior Diego Santilli es ese: tratar de congeniar intereses y objetivos antes del desembarco en el Congreso, para evitar los desgastes y exaltaciones que caracterizaron el tratamiento de la Ley Bases el año pasado.
El ambicioso proyecto original de los libertarios fue jibarizado a lo largo de arduas negociaciones que se destrabaron cuando el Gobierno nacional accedió a discutir por separado el paquete fiscal e incurrió en su primera herejía, ahora olvidada: a pedido de los gobernadores, repuso el Impuesto a las Ganancias, que se coparticipa. Los mandatarios contribuyeron a la sanción cuando tuvieron garantizados estos ingresos, más allá de que luego el beneficio se licuara al ritmo del desplome económico y la Nación se sentara sobre los fondos de asignación específica para solventar sus dibujos contables.
Definiciones más precisas sobre las características que tendrían las reformas laboral y tributaria podrían introducir elementos de conflicto e inducir enfilamientos anticipados antes del recambio parlamentario. Mientras las imprecisiones se mantengan, el oficialismo tiene mayor margen para trabajar sobre el aislamiento del kirchnerismo.
Con el auxilio del PRO, Milei quedará a partir del 10 de diciembre a 22 diputados y 11 senadores del quórum propio. Son distancias largas, que sectores decepcionados con el resultado de las tratativas podrían extender aún más. Tendrá en principio el tercio para imponer decretos y eventualmente sostener el veto a leyes, pero al parecer la intención es evitar estas fricciones institucionales.
