Con la tensión por las dificultades que tienen la mayoría de los municipios del interior para afrontar mejoras salariales con recursos propios, vuelve a aparecer el problema crónico de los trabajadores estatales precarizados, que sirven tanto a los oficialismos para alardear de solidaridad, como a las oposiciones para sobreactuar aflicción por la naturalización de postergaciones laborales.
Contra toda generalización pueden levantarse excepciones, pero es evidente que becas y contratos precarios son en realidad subsidios al desempleo o, en el mejor de los casos, suplementos monetarios para personas de ingresos menguados, que han terminado, dada su extendida vigencia, por convertirse en la primera etapa rumbo al sueño dorado de la planta permanente en la administración pública.
El fenómeno es producto de la prolongada degradación económica y social del país, correlato estatal del incremento del trabajo informal en el sector privado. En Catamarca tiene una característica particular: empezó a desmadrarse alrededor de 2010, cuando los dividendos extraordinarios que arrojaba la explotación de Bajo La Alumbrera a las arcas estatales y los ingresos por coparticipación comenzaron a restringirse y ya no fue posible continuar metiendo empleados en la estructura estatal en condiciones regulares. La estructura estatal catamarqueña tenía en 2007 un 14,7% de sus agentes en condición temporaria, funcionarios incluidos.
Para 2011, la cifra se había elevado al 21,8%. En las administraciones municipales, el proceso de precarización se manifestó de modo más brutal: del 12,2% en 2004 al 40,3% en 2011, un 230% más. Si bien hubo políticas tendientes a formalizar agentes estatales, la incorporación de precarizados nunca cesó, con la inclusión de inventos como las SAPEM tipo PRODUCAT, que nunca lograron autosustentarse.
A esta altura del partido, dada la cantidad de personas cubiertas por estos regímenes, prescindir de la herramienta equivaldría a un suicidio político y detonaría reacciones de alcance imprevisible. Por otro lado, regularizar tamaña multitud conduciría el gasto salarial a aumentos exorbitantes, pues la Administración Pública tendría que comenzar a abonar cargas sociales.
La exacerbación de la crisis crónica que se atraviesa debido al desplome de los ingresos públicos podría abrir la oportunidad para un sinceramiento.
Esto no consiste en los extremos de arrojar gente al desamparo o adoptar medidas administrativas irresponsables e insostenibles, sino en tratar de despojar al debate de hipocresías y asumir las relaciones laborales precarizadas en el Estado como lo que son: coberturas para desempleados, pauperizados y familias con problemas económicos. De este modo, podría abordárselas con criterios presupuestarios más específicos, exactos y eficaces. También más justos: becados y contratados relevan muchas veces de tareas, por remuneraciones mucho menores, a los empleados de planta permanente, que de este modo acceden a una situación de privilegio. Por supuesto, también hay rangos y privilegios dentro del universo de becados y contratados, pero tales escalafones forman parte de la distorsión general devenida de equiparar la asistencia social con el trabajo formal.
Hace más de una década que el empleo informal y el cuentapropismo avanzan sin freno en la Argentina, junto a la ampliación de los porcentajes no remunerativos de los salarios. Las interrupciones en este proceso obedecieron a que el Estado subsidió algunas actividades para sostenerlas.
La complejidad del problema demanda un abordaje serio. Desistir de consignas demagógicas sería un primer paso indispensable en tal sentido.
Tan cierto es que becas y contratos precarios son dispositivos clientelares utilizados de modo abusivo por la dirigencia política, como que ningún sector se priva de aprovecharlos si tiene la oportunidad y que son escasísimos, tirando a nulos, los casos de bajas masivas de beneficiarios. La gente no es estúpida, no se la compra ni amedrenta tan fácilmente.n