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SUSCRIBITE Dilaciones, La causa por las compras directas en Acción Social. Se tramita desde hace 19 años.
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SUSCRIBITEMañana miércoles está prevista la reanudación en la Cámara Penal Nº 3 del juicio por las compras directas de Acción Social, una causa que tiene ya casi dos décadas sin que hasta el momento se hayan determinado con la precisión que otorgan los fallos, aun los de primera instancia, las responsabilidades que les caben a los imputados.
De todos modos, conviene no ser demasiados optimistas respecto de la continuidad fluida del debate público: no sería extraño que el desarrollo se interrumpiera por algún motivo, considerando que las dilaciones en la tramitación del expediente y, luego, en la realización del juicio, han sido una constante desde el año 2004, cuando comenzó a develarse una trama de corrupción que tiene entre sus principales señalados al exministro de Salud del Frente Cívico y Social Pablo Doro y al exsubsecretario de Acción Social Víctor Hugo Brandán, acusados de fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
La Justicia en general, y la catamarqueña en particular, suele ser criticada con justa razón por el tiempo que se toma para investigar, particularmente cuando los involucrados en las causas que tramita son personas que han estado o están vinculadas al poder político, como sucede en la causa de las compras directas.
El expediente en cuestión se inició hace casi 19 años, luego de una investigación realizada por El Ancasti a partir de una denuncia del entonces diputado provincial Fidel Sáenz. Durante la gestión de Brandán se realizaron compras directas por 27 millones de pesos –casi 4.000 millones de pesos actualizados a precios de hoy, según la evolución de la inflación- para asistencia social, con la particularidad de que el 73% de estas contrataciones fueron acordadas con un grupo de apenas diez empresas. A poco de indagar, se constató que la mayoría de las firmas se habían constituido poco antes de convertirse en proveedores del Estado, alentando la presunción de que se trataba de un esquema armado entre funcionarios y los empresarios para direccionar los cuantiosos fondos.
La investigación avanzó lentamente, interferida permanentemente por los defensores de los acusados. Ha contribuido a que los plazos se extendieran indefinidamente hasta ahora la gran cantidad de recursos presentados por los abogados de los acusados, concedidos expeditivamente, ahora sí, por los funcionarios judiciales que en todo este tiempo encabezaron la pesquisa. En consecuencia, la causa fue elevada a juicio tres veces, pero el debate no se realizó. Recién comenzó el año pasado, hasta que se suspendió en diciembre.
Lo llamativo del caso es que las postergaciones constantes a partir de recursos presentados por las defensas motivaron que uno de los abogados, Pedro Vélez, que defiende a Brandán, solicitara su sobreseimiento, considerando que la acción penal estaría extinta por los años transcurridos. Lógicamente, la pretensión fue rechazada por el tribunal.
Aun cuando el juicio prosiguiese sin interrupciones y el fallo eventualmente condenatorio ocurriese según los plazos previstos, se trataría de una sentencia en primera instancia, que seguramente será apelada. Se abriría, en consecuencia, un renovado período de dilación hasta que el fallo quede firme, o sea revocado por la Justicia en una instancia superior.
Las demoras de la Justicia para tramitar un expediente cuyas pruebas están recolectadas desde hace muchos años, refuerza la sensación de impunidad. Ello, al margen de las responsabilidades que puedan caberle a los imputados en esta causa en particular. Y añade un argumento más para explicar el desprestigio del Poder Judicial -que tiene demoradas inexplicablemente otras causas emblemáticas por corrupción de orígenes contemporáneas las de las compras directas, como el “mega fraude de las fundaciones”- entre la ciudadanía.
