El proyecto de Ley Ómnibus que quedó para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación es una versión muy deshilachada de la que el Ejecutivo nacional presentó hace un mes en el Congreso. Sin embargo, continúan en el expediente numerosas iniciativas que implican cambios sustanciales en la legislación vigente.
Capítulo aparte son las modificaciones en materia ambiental, las que han movilizado a numerosas organizaciones y expertos en el tema a manifestar con especial énfasis su rechazo a la ley. A lo largo de las primeras semanas se sumaron las voces que alertaron sobre los graves peligros que se derivan de la aplicación de la norma si es que se aprueba tal como está redactada actualmente. En los últimos días las objeciones se canalizaron a través de un documento que firmaron representantes de más de cien organizaciones ambientalistas.
Una de las críticas apunta a la eliminación, que plantea el proyecto, de las asignaciones fijas para el fondo que garantiza el funcionamiento de la Ley de Bosques, vigente desde el año 2007. El proyecto original enviado por el presidente Javier Milei propiciaba el desmonte incluso en las zonas clasificadas como rojas, en las que está terminantemente prohibido el desmonte de la vegetación autóctona. Esa autorización finalmente fue sacada de la iniciativa, pero se mantiene la medida que provocará el desfinanciamiento de las estructuras para el control del desmonte.
El escrito sostiene también que los cambios en el control de las actividades de quema ignoran el papel de las autoridades locales en el manejo del fuego, el cuidado de la seguridad y la salud, así como las sanciones en caso de impactos negativos. El proyecto de Ley Ómnibus autoriza las quemas prácticamente de manera automática de bosque autóctono para el desarrollo de emprendimientos productivos o inmobiliarios, eliminado restricciones establecidas en la normativa vigente.
Otro de los aspectos mencionados en el documento de las ONG ecológicas se refiere a la modificación de la denominada Ley de Glaciares, aprobada en 2010. La Ley Ómnibus excluye de las medidas de protección de glaciares a aquellos que no están en el Inventario Nacional de Glaciares, considerando solo a aquellos que tienen "una condición hídrica efectiva y relevante". La exclusión de algunos glaciares posibilitará la explotación de estos recursos naturales que son vitales como reservorios de agua dulce, que sirven además para la producción agrícola en algunas zonas. Los expertos sostienen que en la actualidad la norma prohíbe la actividad extractiva en el terreno periglaciar, pero el proyecto en estudio legislativo la autoriza.
Estas modificaciones, impulsadas sin un debate profundo y exhaustivo, además de generar impactos irreversibles en el ecosistema, propician retrocesos que colocarían a la Argentina, de consumarse, en una posición incómoda en un mundo que avanza hacia regulaciones ambientales cada vez más estrictas.
