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Cara y Cruz

Recortes para todos

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23 de diciembre de 2021 - 01:10

A primera vista, todo indicaba que se trataba de una interna expuesta sin filtros. Poco después se aclaró que era una modificación consensuada. Y ayer el gobernador Raúl Jalil no solo dijo estar de acuerdo, sino que además celebró y le dio un marco político más amplio.

Se trata de las modificaciones realizadas por el oficialismo en la Cámara baja al proyecto de ley de Presupuesto provincial 2022, que recibió podas más o menos equitativas para los poderes Ejecutivo y Legislativo y una más significativa para el Poder Judicial.

El proyecto original del Ejecutivo contemplaba restricciones marcadas para las incorporaciones de personal en ambas cámaras; de hecho, se sabía que el primer mandatario estaba dispuesto a vetar la ley si salía aprobada con los incrementos de gastos corrientes pedidos por diputados y senadores.

En el caso de Diputados, se había pedido un aumento de 65 empleados para el año próximo, mientras que el Senado solicitó sumar 110 a la planta permanente, ya que la mayoría de ellos se venían desempeñando como contratados. En Casa de Gobierno no estaban nada de acuerdo con esas designaciones.

Pero en la sesión del martes, el oficialismo en la Cámara baja decidió repartir las cargas. Redujo de 47.460 empleados de planta permanente previstas en el PEP para 2022 a 47.154, es decir, un recorte de 306 agentes permanentes. Pero aprobó sin cambios el aumento de 346 cargos no permanentes, que fueron 6.268 en el presupuesto 2021 y se elevarán a 6.614 el año próximo.

“Una de las modificaciones realizadas radicó en los recursos destinados a personal donde se mantiene la planta del 2021 en ambas cámaras como clara señal al Ejecutivo, ya que se apela a que las plantas del Estado sigan siendo fijas”, justificó la diputada peronista María Argerich, presidenta de la Comisión de Hacienda.

Ante los cuestionamientos realizados por la oposición, que incluso atribuyó los cambios sobre el personal a la “interna oficialista”, el gobernador Jalil dijo ayer estar agradecido por la aprobación de la ley, coincidió con los recortes de las designaciones y aseguró que de esta forma la Provincia seguirá impulsando el empleo en el sector privado para que el Estado no sea el único horizonte laboral en Catamarca.

No obstante, había un ajuste que, de entrada, se presumía problemático, el del Poder Judicial. Sucede que el presupuesto elevado por la Justicia para su aprobación preveía un incremento de 122% respecto al de este año, bastante por encima del previsto en el resto del Estado. El 90% de las erogaciones corrientes estimadas se destinarían a gastos de personal.

En concreto, la Justicia había presupuestado $9.380 millones para su funcionamiento el año próximo y los diputados lo rebajaron a $8.280 millones, o sea, unos $1.100 millones menos. Ayer, Hernán Martel, uno de los dos nuevos ministros de la Corte de Justicia, dijo que este ajuste en las partidas impactará negativamente en la puesta en marcha del nuevo fuero de Violencia de Género que estaba previsto para 2022, además de otras dependencias en la Capital.

No es el primer cruce entre la Gobernación y la Justicia por los gastos. A mediados de año, el presupuesto judicial fue ampliado en casi 600 millones de pesos luego de un recorte que generó un airado reclamo de la Corte. Al aprobar ese incremento, la Legislatura puso como condición que el Poder Judicial informe acerca el uso de estas partidas y que parte de este dinero se utilice para la modernización del servicio.

La Corte había solicitado esa actualización argumentando que la Provincia se lo quitó del proyecto del presupuesto 2021, cuando presentó un presupuesto de $5.105.825.259. Luego de varias negociaciones, aceptó una reducción presupuestaria de $300 millones, pero el Gobierno terminó recortándole los $600 millones.

La nueva poda preanuncia una ronda de negociaciones con el Gobierno. El punto central es el fuero de Violencia de Género, porque se trata de una problemática que se extendió gravemente en los últimos años y más aún con la pandemia, y sobre la cual el Estado carece de estructura y recursos humanos capacitados para dar respuesta.

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