Los expertos en salud mental están más que preocupados por el contenido del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Ejecutivo nacional que comanda Javier Milei, que propicia retroceder en materia de derechos de los pacientes, al modificar los artículos principales de la ley marco 26657, una norma que rige desde hace 13 años y que es considerada de avanzada, incluso a nivel internacional.
Más allá de las apreciaciones individuales de especialistas reconocidos en salud mental, también se han expresado críticas institucionales. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifestó el sábado su repudio a la iniciativa. “El proyecto vuelve a facilitar las internaciones en hospitales monovalentes de salud mental (manicomios). Si llega a aprobarse este texto, ya no será necesario el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para decidir una internación forzosa. Como si fuera poco, se retrocede en otra de las grandes conquistas de la ley, al dejar de obligar a terminar con los manicomios (desmanicomialización). De hecho, se elimina la obligación de internar a personas con problemáticas de salud mental en hospitales generales”, reflexionó la entidad a través de un documento.
El proyecto plantea, además, la eliminación del plenario del Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental del que forman parte entre otras organizaciones de derechos humanos y de familiares y usuarios de servicios de salud mental.
El proceso de desmanicomialización, que es clave en el modelo más avanzado de salud mental, está contemplado en la ley de salud mental vigente en la Argentina, que ahora intenta modificarse, aprobada en 2010, reglamentada en 2013 y confirmada en el Código Civil aprobado en 2015. Contempla el cierre de los hospitales psiquiátricos que a lo largo de muchos años fueron, más que centros para el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con alguna patología mental, verdaderos depósitos de seres humanos. Como ya se mencionó en una oportunidad anterior en este mismo espacio, las estadísticas ofrecen un dato impactante: la tasa de mortalidad en los neuropsiquiátricos era superior a la de las cárceles.
En la Ley vigente, no se niega la posibilidad de internaciones, pero se promueve que sean lo más cortas posibles, en hospitales generales con áreas específicas, centros de salud mental con un enfoque profesional, comunidades terapéuticas, hospitales de día, albergues nocturnos, talleres terapéuticos, artísticos, etc. Se prioriza la atención ambulatoria porque es clave para los pacientes recuperar los lazos familiares y sociales y, dentro de lo posible, sus relaciones laborales.
Más allá del tema específico de la Ley de Salud Mental, el proyecto de Ley Ómnibus contiene un sinnúmero de disposiciones que están encontrando resistencia en distintos sectores que advierten que derechos reconocidos pueden derogarse o verse afectados. De modo que es preciso que una iniciativa de tamaña envergadura tenga el debate que se merece y que el presupuesto básico sea que no afecte derechos, sobre todo de los sectores de mayor vulnerabilidad.n
