jueves 9 de mayo de 2024

Que empiecen los juegos del hambre

Iván Schargrodsky

La discusión sobre las tarifas de gas, cuyo incremento fue pospuesto en más de una ocasión, comenzará a impactar en las boletas que lleguen en mayo. La apuesta del Gobierno por las sucesivas postergaciones fue que la quietud del dólar, con el crawling peg del oficial corriendo al 2% mensual, permitiera que la importante contribución al aumento del costo de vida del ajuste tarifario quede compensada con el descenso del resto de los precios que componen el índice. Es más, durante la última semana, Javier Milei y Luis Caputo festejaron una supuesta tendencia deflacionaria; el presidente a partir de una cuenta anónima de Twitter que luego salió a aclarar que usa datos inventados. Aun así, en el Gobierno son optimistas: el índice de marzo -del INDEC, no de Jumbo BOT-, centro de preocupación hasta hace muy poco tiempo, volverá a mostrar descensos y algunos indicadores privados de alta frecuencia anticipan un desplome de los precios de los bienes en la última semana.

Sin embargo, el golpe del aumento de las tarifas de gas será muy significativo. Para entender el impacto, hay que aproximarse a los motivos. Aumentarán fuertemente tanto los cargos fijos como los variables, se reducirán algunas diferencias por niveles de ingresos, que benefician a los hogares de menos recursos en el peor momento estacional de consumo.

Desde el Gobierno alegan que con las variaciones en el cargo variable -lo que se paga de acuerdo al consumo exacto-, el monto final de los aumentos tarifarios en gas oscilaría entre el 300 y el 500 por ciento, en función de la categoría de usuarios y el nivel de subsidio y anticipan que el aumento llevará la factura de gas promedio a valores de 24.285 pesos por mes para usuarios de ingresos altos, 23.678 para usuarios de ingresos medios y 15.830 para los de menores ingresos, que seguirían fuertemente subsidiados. De acuerdo a la versión oficial esto pondría en línea la factura de gas con las que se pagan por otros servicios, como la telefonía celular o la televisión por cable.

El impacto, sin embargo, será mayor al del promedio anual. La estacionalidad determina que el impacto en los gastos de los hogares sea de mucha mayor cuantía en los meses de mayo, junio, julio y agosto, los meses más fríos del año, cuando el consumo se multiplica y Argentina pasa de exportador a importador gasífero neto. Como las tarifas están diseñadas para promover el ahorro energético, los mayores niveles de consumo determinan un aumento más que proporcional de la factura, que se suma a los cambios en los cargos fijos y variables. Muchas familias podrían sufrir, entre marzo y julio, variaciones de más de diez veces el valor de lo que pagaron.

Al nivel de aumentos se suma la situación salarial. Comparadas con el último gran aumento de tarifas, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, las nuevas tarifas de gas colocarían el gasto por hogar en relación a los salarios registrados, en un lugar comparable al peor momento de dicha relación durante el macrismo. El panorama, a futuro, empeora. Las tarifas se actualizarán mensualmente en base a la inflación, con indexación automática.

Del lado de los salarios, para los formales, las paritarias competirán con las presiones impuestas por la recesión, algo que afecta aún más severamente a trabajadores informales, privados de la negociación colectiva. Todo se agravaría sustancialmente si hubiera un aumento significativo de la tasa de desempleo. Cualquier aumento en el ritmo de devaluación -una preocupación creciente de numerosos observadores que evalúan la afectación que significa para la competitividad industrial la apreciación real del dólar vivida en los últimos meses- impactará directamente en los niveles de salario real, mientras las tarifas gozan de una actualización automática garantizada.

Las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo en el sentido de no homologar paritarias por encima de la inflación muestran una política de ingresos activa que, sin embargo, sólo lo es con los asalariados. El plan económico reconoce el atraso en las tarifas pero no en los sueldos, donde se comporta más cerca de la heterodoxia que de la determinación libre de precios entre empleadores y trabajadores, algo que en privado repetía Milei al menos hasta hace un mes: “¿Qué tengo que ver yo en una negociación entre los trabajadores y las empresas? Que arreglen lo que quieran”.

Pensadores insospechados de simpatías marxistas, como Domingo Cavallo, vienen advirtiendo las inconsistencias que asoman. El exministro señaló el atraso del dólar y el salarial como dos cuestiones prioritarias a atender, sugiriendo un aumento del ritmo de depreciación en línea con la inflación y un ajuste mensual de salarios y otras prestaciones de carácter similar, postergando al menos hasta fin de año el levantamiento del cepo. La política de ingresos, bien usada, es una herramienta desinflacionaria potente, que actúa con fortaleza sobre algunos precios que fijan expectativas.

Resulta casi cómico leer a Caputo quejarse de los aumentos desmedidos anunciados por las empresas de medicina prepaga, que sólo fueron posibles a partir de la liberación de precios del sector que dispuso el propio Gobierno a través del DNU.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar