domingo 27 de noviembre de 2022

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Editorial

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La desesperación que suele invadir a familiares de personas que sufren graves problemas de adicciones empuja a tomar decisiones que, orientadas por la buena voluntad, terminan causando más problemas aun. Es en ese contexto que debe comprenderse la proliferación de las denominadas “comunidades terapéuticas”, muchas de las cuales, al no tener habilitación, funcionan sin regulación alguna e incurren en prácticas peligrosas e incluso ilegales.

El tema cobró dimensión pública a raíz de la causa en la que se investiga a la ONG “La razón de vivir”, en la que está involucrado el mediático Marcelo “Teto” Medina, lo que le otorgó mayor repercusión aun. El delito que se investiga es el de reducción a la servidumbre.

Por cada uno de estos espacios que funcionan con la habilitación y regulación correspondiente, hay tres que son ilegales. Así lo revelan datos de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA), lo que pone de manifiesto la falta de escrúpulos de los que manejan estos centros clandestinos pero también una llamativa ausencia de fiscalización estatal.

Los centros para tratamientos de adictos son muy necesarios. Los que dependen del Estado están sobresaturados y con problemas de financiamiento, de modo que el sector privado vinculado a la salud mental tiene que hacer crecer su oferta. El problema es que esa oferta crece, mayoritariamente, en la clandestinidad.

A nivel público, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 del año 2010 contempla la creación de centros de atención comunitarios y dependientes de los hospitales generales. Pero existe un pedido, que encabezan diversas ONG vinculadas a la problemática de las adicciones, para modificar la norma. Y en algunos casos se apunta incluso a la creación de una normativa específica sobre adicciones, inversión y políticas de prevención. La ley de Salud Mental prevé que las patologías mentales no se traten en establecimientos específicos sino en hospitales generales. El debate es aún incipiente y merecería más argumentos para definir cómo pueden desarrollarse los centros para adicciones dentro de un marco legal. Lo que no admite discusiones es que, sean en hospitales generales o en centros terapéuticos específicos, los tratamientos a personas con adicciones deben ser regulados convenientemente y garantizados los derechos de los pacientes, algo que no sucede en la inmensa cantidad de establecimientos o granjas surgidas de la clandestinidad.

No se han conocido hasta el momento la existencia de centros o comunidades terapéuticas para adictos que en Catamarca funcionen en la ilegalidad. Pero la ausencia de casos o de denuncias no implica la inexistencia de ámbitos de este tipo que no estén regulados y, por lo tanto, puedan estar ofreciendo servicios cuya calidad no puede comprobarse fehacientemente.

En función de los casos detectados hasta ahora, deberá el Estado hacer los esfuerzos necesarios para establecer los controles necesarios y ofrecer las garantías imprescindibles. Y los familiares de personas con problemas de adicción realizar las averiguaciones correspondientes antes de decidir internaciones que puedan generar problemas adicionales al que ya existe de base.

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