Entre el relato con que el Gobierno nacional describe la marcha de la economía y la experiencia cotidiana de millones de argentinos que ven cómo sus ingresos no alcanzan y sus deudas crecen, hay una distancia cada vez más grande. El presidente Javier Milei y sus principales funcionarios parecen vivir en una realidad paralela, donde los indicadores macroeconómicos que exhiben como trofeos -la baja de la inflación, el superávit fiscal- alcanzan para dar por resuelta la cuestión social. Pero lo real es que el endeudamiento de las familias argentinas ha alcanzado niveles inéditos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha calificado el sobreendeudamiento de las familias como un problema “entre privados”, como si se tratara de una controversia comercial ajena a toda responsabilidad estatal. El propio Milei fue más allá, al sostener que a quienes tomaron créditos “no les pusieron una pistola en la cabeza”. Ambas expresiones comparten una misma lógica, que es considerar como libre decisión individual lo que es, en rigor, la consecuencia previsible de una política económica que licuó ingresos, contrajo el consumo y empujó a los hogares a contraer préstamos para alimentos, medicamentos o pagar alquileres y los servicios.
La magnitud del endeudamiento, con niveles de morosidad que ya impactan sobre el sistema financiero y sobre las proyecciones de consumo, lo ha convertido en una variable macroeconómica de primer orden, con capacidad de condicionar el crecimiento, la actividad bancaria y las expectativas generales. Cuando un fenómeno alcanza esa escala, deja de ser, por definición, “un problema entre privados”.
El Gobierno nacional no carece por completo de intervenciones económicas: las tiene, pero están dirigidas a crear condiciones favorables para los grandes capitales. El Gobierno nacional no carece por completo de intervenciones económicas: las tiene, pero están dirigidas a crear condiciones favorables para los grandes capitales.
La misma indiferencia se proyecta sobre las pequeñas y medianas empresas, que atraviesan uno de los períodos más difíciles de su historia reciente como consecuencia de la caída sistemática del consumo. La asfixia financiera de este sector no encuentra alivio en ninguna medida oficial. Peor aún: mientras el Gobierno se abstiene de diseñar políticas de auxilio, no muestra la misma prescindencia a la hora de convalidar los embargos que la propia ARCA impulsa contra contribuyentes morosos, muchos de ellos pequeños empresarios.
Detrás de esta inacción hay un corsé ideológico que el Gobierno aplica sin matices. La premisa de la prescindencia estatal puede tener sentido cuando la economía funciona con relativa normalidad y los mecanismos de mercado logran asignar recursos de manera razonablemente eficiente. Pero esa misma premisa, aplicada de manera dogmática en un contexto de deterioro social agudo, se convierte en una abdicación de las responsabilidades más elementales del Estado.
Y no es que el Gobierno nacional carezca por completo de intervenciones económicas: las tiene, pero están dirigidas casi exclusivamente a crear condiciones favorables para los grandes capitales, bajo la promesa de una “lluvia de inversiones” que sigue sin materializarse en la escala prometida.
Un gobierno puede legítimamente sostener una visión de mínima intervención estatal. Lo que no puede hacer, sin incurrir en una negligencia grave, es desatender la magnitud de una crisis que él mismo contribuyó a generar y que ya excede largamente la esfera privada para convertirse en un problema colectivo.
