El fuerte incremento de los suicidios entre efectivos de las fuerzas federales de seguridad -un 30% más en 2025 que en 2024, según datos oficiales- debería haber bastado para instalar una discusión seria sobre las condiciones laborales, salariales y psicológicas de quienes integran esas fuerzas. En cambio, la respuesta de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ante las consultas periodísticas sobre el fenómeno, intentó diluir el problema. El incremento, sostuvo, se enmarca en una situación que "no escapa a la realidad del país", ya que no se trata de un problema exclusivo de las fuerzas de seguridad sino de un fenómeno que también atraviesa al resto de la sociedad.
La afirmación de la ministra no es, en rigor, falsa. Los números lo confirman: según el Sistema Nacional de Información Criminal, los suicidios a nivel nacional pasaron de 3.956 casos en 2023 a 4.249 en 2024 y a 5.209 en 2025. Desde 2023, además, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en la Argentina, desplazando a los siniestros viales.
Pero reconocer que el fenómeno excede a las fuerzas de seguridad no debería funcionar como una forma de licuar la responsabilidad específica que cabe frente a un sector cuyo incremento de casos, vale insistir, es proporcionalmente superior al del conjunto de la sociedad. Mientras se discute el marco interpretativo del tema, la principal hipótesis que manejan quienes conocen la vida cotidiana de la tropa tiene una vinculación económica, además de otras causas, y es la fortísima caída del poder adquisitivo, con un cabo de la Policía Federal cobrando un básico de apenas $900.000.
Catamarca exhibe una tasa de suicidios superior a la media del país y en 2024 se ubicó entre las jurisdicciones con los guarismos más altos de la Argentina. Catamarca exhibe una tasa de suicidios superior a la media del país y en 2024 se ubicó entre las jurisdicciones con los guarismos más altos de la Argentina.
En lo que respecta al problema del suicidio en la población en general, los datos de Catamarca son especialmente preocupantes. La provincia exhibe una tasa de suicidios sistemáticamente superior a la media del país y en 2024 se ubicó entre las jurisdicciones con los guarismos más altos de la Argentina. Pasó de una tasa de 13,1 a 15,2 cada cien mil habitantes en apenas dos años, mientras que la tasa nacional evolucionó de 9,3 a 9,8 en el mismo período.
El suicidio, en Catamarca en particular y en la Argentina en general, debería ser tratado como problema prioritario de salud pública, con la asignación de recursos, la producción de información epidemiológica y la articulación interinstitucional que ese estatus supone.
Ese abordaje prioritario requiere, antes que nada, un diagnóstico riguroso de las causas que explican la escalada, algo que hasta ahora ha estado ausente del debate público. Es previsible que la dimensión económica ocupe un lugar central en ese diagnóstico. La falta de horizontes laborales y de progreso material para los jóvenes, el grupo etario donde la prevalencia de casos de suicidio resulta más alta, constituye una hipótesis que no puede ser descartada a priori y que, de confirmarse, obligaría a repensar el fenómeno no solo desde la salud mental sino también desde las políticas de empleo, de desarrollo y de contención social para las nuevas generaciones.
La escalada de los suicidios no es un dato colateral de la crisis argentina. Es, en sí misma, una de sus expresiones más urgentes.
