Un dato de color interesante que arrojarán las elecciones del año que viene será el de la cantidad de partidos y alianzas políticas que participen. La cifra ofrecerá un indicio del nivel de entusiasmo cívico, positivo en caso de mantenerse o incrementarse respecto de anteriores comicios, negativo de lo contrario, teniendo en cuenta un cambio central: la aplicación de la Boleta Única para las categorías nacionales.
La nueva modalidad significará una reducción muy importante en el gasto. La ley PASO obliga al Estado nacional a pagarle la impresión de votos por una cantidad equivalente a la totalidad del padrón electoral a cualquier fuerza que presente candidatos, con el agregado posterior, vía fallo de la Suprema Corte, de que también debe desembolsar la misma cifra por cada sublema que participe. Con la Boleta Única esta imposición queda sin materia y habría que financiar la impresión de un modelo de voto por fuerza, en el caso de las PASO, y el que incluye a todas para la general.
Al amparo del sistema anterior proliferaron agrupaciones armadas exclusivamente para recibir las fortunas destinadas en teoría a pagar la impresión de votos.
Con el padrón del año pasado, el partido o alianza que presentaba un precandidato a presidente tenía derecho a los millones de pesos que costaba imprimir 34,5 millones de boletas; si tiene dos, para 79 millones de boletas y así sucesivamente.
Como también tiene derecho a que el Estado le financie los votos de diputados y senadores nacionales y de miembros del Parlasur, en la cantidad correspondiente al distrito donde los postulara, florecieron los curros.
De acuerdo a un informe de la organización Ruido y la Fundación Connectas, en las PASO del año pasado el Estado pagó la impresión de 3.744 millones de votos para 1.818 listas nacionales que llevaban 24.144 precandidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlasur.
A 106 votos por votante, el erario debió erogar la sideral cifra de 10.931 millones de pesos, de la que se desagregó un detalle delicioso: el 75% de la suma -$8.600 millones- fue engullido por agrupaciones que no alcanzaron en la primaria el piso de votos requerido para competir.
El informe consignó la imposibilidad de controlar que las fortunas derivadas a los partidos y alianzas se usara en efecto para imprimir los votos. Los beneficiarios de semejante ganga solo tenían que cumplir con el requisito de proveer 50 votos por urna. Con las boletas que deberían haberse imprimido de acuerdo al desembolso, podría cubrirse una superficie equivalente a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 142,2 kilómetros cuadrados.
“Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (solo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas”, señaló el informe.
Lourdes Lodi, integrante de la Red Federal de Investigadores Electorales de CIPPEC, señaló que “el problema no es que el negocio (de la impresión de boletas) se da en los márgenes o por fuera de la ley, sino que está dentro de la ley; es la propia ley la que habilita el negocio”.
Esto, agregó, estimula la atomización de la oferta electoral, con “partidos generados ad hoc, días antes del cierre de listas, gracias a leyes electorales de bajos requisitos”.
Estas habladurías podrían ser desmentidas el año que viene, aunque habría que considerar el tamaño de la Boleta Única en caso de que el frenesí se mantenga y se presenten tantas ofertas como en 2023. Capaz que para votar convenga más usar portarrollos que sobres.
