Por Rodrigo Morabito
Imagen ilustrativa.
La expansión del hambre y la pobreza en contextos de crisis económica no solo pone en jaque la subsistencia de miles de familias; pues también abre la puerta a nuevas formas de explotación. Cuando comer deja de ser un dato garantizado y pasa a ser una incertidumbre cotidiana, emergen circuitos informales de financiamiento donde la necesidad se convierte en oportunidad de lucro. La usura encuentra allí su terreno más fértil.
Personas que no logran cubrir lo básico recurren a préstamos informales, muchas veces bajo condiciones abusivas, intereses desmedidos y prácticas extorsivas. No se trata solo de deuda; se trata de relaciones profundamente desiguales donde la urgencia alimentaria es utilizada como mecanismo de sometimiento.
En ese contexto, el fenómeno adquiere una doble gravedad. Por un lado, el hambre y la pobreza. Por otro, su explotación.
Pero, además, se produce un desplazamiento aún más preocupante; quienes quedan atrapados en estas lógicas (endeudamiento, economías precarias o marginales, estrategias de supervivencia) terminan, en muchos casos, siendo alcanzados por el sistema penal. Así, lo que debería ser abordado con políticas públicas se traslada al terreno del castigo.
Se judicializa la supervivencia; mientras se invisibiliza la explotación.
El derecho penal, concebido como última ratio, comienza a intervenir no frente a conflictos genuinamente delictivos en sentido estricto, sino frente a fallas estructurales del Estado. Y en ese movimiento, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava porque castiga a quienes sobreviven y rara vez alcanza a quienes se benefician de esa necesidad.
El sistema penal vuelve a mostrarse selectivo. Persigue con mayor intensidad a quienes menos tienen, a quienes no acceden a defensa efectiva, a quienes ya están previamente estigmatizados. Mientras tanto, las prácticas usurarias, muchas veces naturalizadas o difíciles de visibilizar, operan en las sombras con menor nivel de reproche real.
Se consolida así un circuito perverso, pues la falta de ingresos conduce ala pobreza y al hambre; el hambre al endeudamiento; el endeudamiento a la usura; la usura a nuevas formas de dependencia y exclusión; y, finalmente, algunas de esas trayectorias desembocan en el sistema penal. El resultado es una cadena donde la vulnerabilidad no solo se reproduce, sino que además se monetiza.
Frente a este escenario, la justicia penal tiene un desafío que no puede eludir. Debe mirar el contexto, analizar la culpabilidad en concreto y, sobre todo, evitar convertirse en la herramienta que cierre (con castigo) un proceso que comenzó mucho antes, en la falta de acceso a derechos básicos.
Pero también debe interpelar aquello que muchas veces queda fuera del foco; las economías de la necesidad, donde otros obtienen ganancias a partir dela pobreza y el hambre ajeno.
Porque cuando sobrevivir se vuelve un negocio para algunos y un delito para otros, el problema ya no es solo jurídico.Es profundamente injusto.
Y si la respuesta del Estado frente a ese escenario es únicamente penal, entonces no estamos frente a un sistema de justicia.Estamos frente a un sistema que llega tarde, llega mal y castiga a quienes ya fueron olvidados y, ante todo, explotados.
