La motosierra no es la única herramienta con que se recorta el Estado nacional. Además de los presupuestos que se restringen y de los despidos de personal que vacían áreas enteras de la Administración, algunos organismos públicos se han vuelto terreno propicio para la persecución laboral de quienes producen conocimiento que las autoridades consideran “no conveniente”.
El último caso que ha trascendido públicamente es el de Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet. Fue sumariada por las autoridades de la primera de las instituciones y podría terminar exonerada por su participación en el proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en personas y en distintos componentes del ambiente. Conviene subrayar que fue el propio organismo, durante gestiones nacionales anteriores, el que había avalado su intervención en la investigación.
El estudio incluyó muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados nasales, además de mediciones de exposición ambiental. También se analizaron alimentos, polvo de hogares, cultivos, animales, alimento para animales, suelos y agua superficial. Entre los resultados difundidos figura la presencia de glifosato en el 86,1% de los argentinos que integraron la muestra, frente al 35,2% registrado en un grupo europeo. En el agua superficial se detectaron entre 10 y 28 plaguicidas, y en los animales analizados se registraron entre 1 y 12 sustancias en orina y entre 0 y 16 en materia fecal, entre otros hallazgos.
Según relató la propia investigadora, a fines de 2024 comenzaron a revisar sus funciones en la Estación Experimental Balcarce y en febrero de 2025 fue convocada a declarar junto con integrantes del equipo que había participado del trabajo. Hoy teme que el sumario concluya en su exoneración, una sanción que no solo implicaría perder su puesto en el INTA, sino también quedar fuera de la Administración Pública Nacional durante un período de al menos cinco años. En declaraciones periodísticas, dijo: “Yo no sé quién está detrás de mi exoneración, porque no fui notificada. Pero sí sé por el gremio y por altas autoridades que el tema se trató y que han decidido quitarme la identidad científica”. Lo que está en juego no es únicamente una carrera individual, sino la posibilidad de que un organismo público, financiado por todos, castigue a quien difunde datos que la sociedad tiene derecho a conocer. Resulta inadmisible que se persiga a una investigadora solo porque las conclusiones de su trabajo perjudican a los productores que utilizan agroquímicos. Numerosas investigaciones han comprobado ya que esas sustancias están enfermando a las personas y dañando la fauna en las zonas agrointensivas. La tarea de un organismo científico consiste en generar evidencia y ponerla a disposición de la comunidad, no en administrar su visibilidad según la conveniencia de los sectores económicos involucrados.
Los avances de la ciencia y el cuidado de la salud pública no admiten ser tratados como obstáculos para la producción. Siempre debe priorizarse la salud de la población por sobre los intereses económicos de las empresas, que deberán adaptarse a prácticas tecnológicas que no resulten nocivas.
