Conchavados. Rafael Olveira y Guillermo Haddad. Nada se pierde, todo se transforma.
Conchavados. Rafael Olveira y Guillermo Haddad. Nada se pierde, todo se transforma.
Desde que el oficialismo se dio con el gusto de aprobar los acuerdos mineros con las empresas litíferas Galaxy y Liex en una sesión especial en Diputados que no contó con el consenso opositor, la pulseada política entre las principales fuerzas de la provincia levantó temperatura. Como si no hubiera sido suficiente, a la semana siguiente el gobernador Raúl Jalil invitó a los bloques legislativos de Juntos por el Cambio a un desayuno para abordar una agenda de trabajo común, algo que por supuesto los convidados rechazaron y aprovecharon para recordar que unos días antes no los necesitaron para avanzar con los pactos mineros. Jalil, igualmente, dijo que volverá a insistir antes de Semana Santa –es decir, la próxima semana- y les adelantó el tema que quiere tratar: la reforma de la Constitución provincial. Nada más ni nada menos.
Los radicales encontraron en la Convención del sábado el ámbito perfecto para desahogarse. Emitieron un documento con severas críticas al Gobierno, desde el avasallamiento institucional, la falta de transparencia en la política minera, el aumento de la planta política, la eliminación de las licitaciones y, por ende, la mayor discrecionalidad en las contrataciones del Estado hasta la necesidad de un diálogo democrático maduro en torno a la meneada reforma de la Carta Magna. Al respecto, la principal fuerza opositora se cuidó de no quedar como un obstáculo a la reforma, pero la condicionó a que “sea acordada con todos los partidos políticos para definir su alcance y un núcleo de coincidencias básicas". Hay un largo camino por recorrer.
De todos los puntos que abordó el documento de la UCR el que aparentemente más incomodó al Gobierno fue el de la reforma del Estado, que Jalil impulsó en el inicio de su gestión, en 2019, con el objetivo de modernizarlo y reducir la planta. Dijo el radicalismo al respecto: “Sin embargo, se observa que el resultado fue que la planta burocrática del Estado aumentó con la creación de nuevos ministerios, cargos políticos y puntos índices”.
En la Gobernación tienen, por su lado, un número del que dicen sentir algún orgullo: desde diciembre de 2019 a la fecha, hubo una reducción neta de 1.171 empleados estatales en el Poder Ejecutivo, sin considerar las guardias médicas (aumentaron 905), que son contratos específicos. El incremento en personal solo se dio, aseguran, en los poderes Legislativo (123), Judicial (158) y en el Tribunal de Cuentas (18)
No obstante, el problema con el gasto público no es tanto el referido a la planta de empleados rasos, que en efecto disminuyó por las jubilaciones en los últimos dos años, sino el gasto político, que es injustificable y el que además provoca mayor indignación en la gente.
En lo que va del año hubo dos casos emblemáticos en ese sentido. El más controvertido fue el del exintendente Rafael Olveira, que perdió la elección en Los Altos a manos de Raúl Barot y un mes después fue designado en la cartera de Gobierno con un punto índice 1.40. Un conchavo innecesario e irritante para alguien que ya no debería depender del Estado. De hecho, Olveira fue jefe comunal durante 12 años consecutivos –el primer mandato en representación del Frente Cívico y Social- y por otro lado ejerce una actividad privada desde antes de ser intendente. No precisa de una asesoría para sobrevivir. Asesoría que, por parte, no tiene ninguna función puntual. Por lo demás, Olveira fue imputado recientemente por la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por peculado, falsedad ideológica y uso de instrumento público adulterado, sobre la base de un informe del Tribunal de Cuentas realizado a partir de una auditoría que habría detectado facturas apócrifas y falta de rendiciones de fondos.
El otro caso que levantó revuelo fue el del expresidente de CAMYEN Guillermo Haddad, quien fue relevado del cargo y en su lugar asumió el senador belicho Jorge Solá Jais, pero no quedó en la calle: el Ejecutivo lo designó como coordinador general del Gobierno provincial en Andalgalá. Un cargo inventado para Haddad, porque de hecho no existe en ningún otro departamento. Como coordinador general, Haddad debería ocuparse de ser una suerte de intermediario entre los andalgalenses y organismos públicos tales como AySA, OSEP, Registro Civil, Catastro, Riego, Obras por Administración, Rentas, Vialidad y Desarrollo Social, entre otros. Demasiado trabajo en teoría, por demás ambiguo en la práctica. n
