miércoles 29 de marzo de 2023

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Cara y Cruz

Padrón misterioso

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El ministro de Minería, Marcelo Murúa tuvo un desempeño solvente ante el interrogatorio del diputado nacional Rubén Manzi en la comisión de Minería de la Cámara baja salvo por un detalle: dijo que no tenía la menor idea sobre un pedido de informes sobre la evolución del padrón minero provincial que el legislador introdujo a principios de noviembre del año pasado. Manzi expresó su sorpresa por la liviandad con que un organismo oficial trataba tema tan delicado, a su criterio “grave”. Aunque el diálogo fue amable, consideró incluso que Murúa podría estar incurso en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque la requisitoria está enmarcada en la ley de Acceso a la Información Pública.

Una lástima el incidente, porque en términos generales Murúa defendió muy bien la posición del Gobierno provincial en lo que concierne a los cambios realizados en la captura y administración de la renta minera y el manejo del caso de la subfacturación de Livent. Por eso es que sobresalió la omisión del padrón minero.

La exacerbación de la fiebre del litio se traduce en una disparada del precio internacional del mineral y una guerra ya no tan solapada por el control de las áreas potencialmente más productivas. La identificación de los propietarios de estas áreas es, de tal modo, indispensable para detectar posibles maniobras especulativas de grupos o personas que retienen derechos a costo módico, en perjuicio del Estado, para transferirlos a los inversores por fortunas en el momento oportuno.

En este marco es que el Gobierno procedió a una depuración del padrón sobre cuyos resultados la información es escasa. Datos globales dan cuenta de la caducidad de 500 propiedades, entre minas y cateos, desde que la autoridad competente pasó a ser la Secretaría de Gestión Minera del Ministerio de Minería, en 2021.

Del filtro zafaron varios, entre ellos las firmas Integra y Latin Resources, en las que participa el exministro del Interior José Luis Manzano. Tienen entre ambas 144 minas, con una particularidad: 116 son de Integra, que Manzano controla; las 28 restantes son de Latin Resources, en las que tiene el 13% del paquete accionario.

Los precedentes de Manzano bastan para impregnar de sospechas la escena, de modo que la transparencia se hace más imperiosa.

El pedido de informes que Manzi presentó a Minería de la Provincia hace ya cuatro meses, aún pendiente de respuesta, es muy conciso:

- Cuántas son las pertenencias mineras que se solicitaron desde 2017, discriminados por año.

- Cuáles son las empresas concesionarias que solicitaron pertenencias mineras desde 2017 a 2022.

- Cuántas hectáreas solicitaron y cuántas fueron efectivamente otorgadas, desagregado por entidad concesionaria.

- Cuáles son los minerales demandados en cada concesión.

No parece que responderlo sea excesivamente complejo. Con seguridad Minería tiene todo asentado y está en condiciones de confeccionar la lista de inmediato. Incluso podría ponerla a disposición del público sin demasiado esfuerzo, dados la sofisticación alcanzada por la tecnología informática. Contribuiría a aventar dudas sobre manejos extraños, que seguramente son infundadas pero prosperan en alas de la falta de datos certeros: el vacío informativo propicia la fantasía, más cuando la estimulan famas como la del señor Manzano, cuyos contactos y favorecedores en el ámbito provincial son un misterio.

La transparencia es también central para avanzar en la licencia social para la actividad minera que se busca fortalecer.

Es obvio que conseguir tal objetivo se hace más arduo si suspicacias sobre negocios espurios se suman a los temores por los perjuicios ambientales. n

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